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INTERNACIONAL / Crisis y violencia
sábado 26 octubre, 2019

Estado de emergencia en Chile: la delgada línea entre represión y guerra

La derecha latinoamericana intenta explicar los estallidos populares con conceptos como insurrección y terrorismo, donde la seguridad interna tiende a borrar sus límites con la defensa nacional.

Esteban Damián Pontoriero

Por sexto día consecutivo, el gobierno chileno sacó a las fuerzas militares a la calle. Foto: Bloomberg
sábado 26 octubre, 2019

Guerra, insurrección y terrorismo junto con algunos otros conceptos en esa línea parecen ser las claves de interpretación que la derecha latinoamericana en el poder está utilizando para intentar darle algún sentido y explicar a los estallidos populares y la respuesta que se está dando desde el Estado. Las distinciones tradicionales entre los diferentes modos de definir los conflictos internos, la represión y la acción del Estado a través de sus fuerzas de seguridad y militares dan la sensación de estar transformándose a la luz de la dinámica de las protestas y manifestaciones que están llevándose a cabo en Chile.

El país transandino está bajo estado de emergencia, es decir, de excepción. La crisis se extiende por todo el país y no parece encontrar su punto máximo sino todo lo contrario: las manifestaciones populares van agregando más y más demandas, que llegan al cuestionamiento profundo de las bases sociales, económicas, políticas y culturales sobre las que se yergue el “milagro chileno”. Ante esta situación, el presidente Sebastián Piñera se declaró “en guerra” -tales fueron sus palabras- frente a una percibida amenaza corporizada en miles y miles de participantes en las gigantescas protestas colectivas que desde hace ya varios días dominan las calles de las principales ciudades de Chile. En la Argentina, la ministra de seguridad Patricia Bullrich avaló los dichos de Piñera, agregando que se estaría enfrentando a “una insurrección con carácter cuasi terrorista”. ¿Qué ha ocurrido para que de una manera casi inesperada la respuesta del Estado haya tomado un camino tan extremo frente a la protesta social?

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El uso de fuerzas militares para la represión interna mediante la declaración del estado de emergencia en Chile ha marcado una nueva escalada en un abordaje de la seguridad interna que tiende a borrar sus límites con la defensa nacional. Este es un efecto de la instauración del estado de excepción que acarrea otra consecuencia más grave: la represión comienza a asimilarse a una acción de guerra, algo extremadamente riesgoso para la vida de las personas y que está en la raíz del surgimiento de varias denuncias realizadas por diferentes organismos de derechos humanos por hechos de violencia extrema, torturas, desapariciones y asesinatos contra los manifestantes. Sobre esta cuestión ya hemos realizado un llamado de atención en una nota publicada en este mismo medio el martes pasado. Aquí nos proponemos reflexionar acerca de las implicancias del abordaje militar de la seguridad interna en el marco de un estado de excepción para así, en el mejor de los casos, lograr tener una mejor comprensión de lo que está pasando en Chile.

El punto de partida es analizar desde qué nociones se piensan las relaciones entre los campos de la seguridad y la defensa. A pesar de las dificultades para definirlos, según los especialistas una remarcación básica es la que vincula al primero con las actividades realizadas por las fuerzas policiales para asegurar la vigencia de la ley y orden interno, garantizando los derechos y garantías de los ciudadanos. A su vez, el segundo se asocia centralmente con las acciones llevadas a cabo por las fuerzas militares con el objetivo de defender la soberanía nacional, la independencia y la integridad territorial en el caso de una agresión externa. Sin embargo, a la luz de los acontecimientos que estamos viendo en Chile, estas definiciones que expresan el núcleo de la seguridad y la defensa necesitan ser reconsideradas.

Para entender el problema que estamos planteando puede resultar útil posicionarse dentro de una línea de estudios críticos de las definiciones tradicionales de seguridad y defensa, construidas especialmente a partir de la experiencia histórica europeo-occidental. En contraposición a las demarcaciones claras entre una y otra, retomamos los señalamientos de Tarak Barkawi, Mark Laffey y Michel Foucault quienes señalan que en muchos casos históricos, incluidos algunos de la propia Europa, los tiempos de guerra y de paz no son claramente distinguibles, derivando en una indistinción similar de la defensa y la seguridad. En muchos casos la guerra y la represión se mostraron como conceptos íntimamente relacionados y complementarios, especialmente desde el momento en que el propio Estado declara el estado de excepción y enfoca la represión desde un plano militar. Este señalamiento resultó ser altamente esclarecedor ya que le devuelve el sentido a las acciones de violencia estatal que se están teniendo lugar en Chile.

Estamos presenciando cómo en el país transandino la represión (una tarea de seguridad) se está combinando con tareas militares (un conjunto de acciones de guerra interna). Por consiguiente, la vinculación entre seguridad y defensa surge de las características específicas de las formas de incorporación de las Fuerzas Armadas a la realización de operaciones represivas. Así, podemos ver la proliferación del concepto de “represión militar”.

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La misma matriz que combinaba excepcionalidad jurídica con acciones represivas ejecutadas por militares en el plano interno fue la que guío el accionar estatal durante las dictaduras de “seguridad nacional” en los años setenta en la región, con la aclaración importante de que ello no significa que podamos homologar automáticamente lo que ocurrió en el pasado a lo que ocurre ahora, claro está. En tiempos del dictador Augusto Pinochet los militares pensaron su tarea represiva como un acto de combate propio de una “guerra antisubversiva”, contando con el aval de una parte de la legislación. Las acciones represivas criminales que estuvieron en el núcleo del terrorismo de Estado se asimilaron a un conjunto de operaciones de guerra ejecutadas para combatir a la “subversión”.

Los marcos de excepcionalidad jurídica imponen, además, una situación en la que la división polar “legal/ilegal” deja de funcionar como clave de comprensión de las acciones ejecutadas por el Estado. La consecuencia de esto es que muchas de las medidas y acciones represivas que pasan a implementar los militares y las fuerzas de seguridad están fuera del orden legal. Sin embargo, la declaración del estado de excepción crea una “tierra de nadie” jurídica que permite que aquellas prácticas sean consideradas como habilitadas por una parte del marco legal. Por lo tanto, si bien es importante marcar las acciones clandestinas que comete el Estado durante una situación de emergencia -tal como se está realizando profusamente en Chile- también debemos señalar que el gobierno de Piñera, sumido en una lógica de la excepcionalidad jurídica, parece razonar así: la legalidad o ilegalidad de las acciones se torna un elemento secundario frente a la escalada de medidas extremas de carácter extralegal sostenidas en la declaración de un estado de necesidad que es la antesala de la declaración de la emergencia y la progresiva suspensión del estado de derecho como mecanismo para, de manera paradójica, defender así el orden jurídico y el Estado ante una supuesta amenaza interna. Dentro de este contexto, entonces, el índice del accionar castrense en la represión no debe entenderse solamente desde la noción de la eventual ilegalidad de sus acciones sino también y sobre todo desde su carácter excepcional. Desde el inicio de la represión, nos encontramos contando muertos, heridos, torturados y asesinados, todas formas incluidas en el catálogo de la violencia estatal del siglo XX latinoamericano que parece estar delineando métodos reactualizados en los comienzos del nuevo milenio.

* Doctor en Historia, IDAES/UNSAM/CONICET.

ED


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