Por otro lado, la jueza Ann M. Donnelly, permitió que las personas que quedaron retenidas en aeropuertos de Estados Unidos permanezcan en el país. Los fiscales generales, todos demócratas cuyos estados suman casi la tercera parte de la población estadounidense, emitieron un comunicado conjunto en rechazo a las medidas.
“Como jerarcas judiciales de 130 millones de estadounidenses y residentes extranjeros de nuestros estados, condenamos la orden ejecutiva del presidente Trump por inconstitucional, anti-estadounidense e ilegal”, señala el texto.
También pronosticaron que, en última instancia, los tribunales derribarán el decreto.
