Asunción - Según los últimos partes oficiales, al menos 69 personas fueron heridas y 75 detenidas anoche en los disturbios que estallaron en Asunción cuando un tribunal castigó levemente la responsabilidad de los dueños del centro comercial Ycuá Bolaños, en el incendio de agosto de 2004 donde hubo 364 muertos.
La violencia, que se prolongó más de cuatro horas, se desató cuando cerca de mil sobrevivientes y familiares de las víctimas reaccionaron con furia ante la decisión del tribunal oral, reportó la agencia DPA.
Por dos votos contra uno, los jueces decidieron calificar el hecho como "homicidio culposo", figura que penada con hasta cinco años de prisión. El voto en disidencia fue por "homicidio culposo con dolo enventual". El Ministerio Público y los abogados querellantes habían pedido homicidio doloso, que hubiera significado penas de hasta 25 años de cárcel para los propietarios Juan Pío y Víctor Daniel Paiva y el guardia Daniel Areco.
El principal argumento del fiscal y las víctimas al solicitar la máxima pena de la legislación Paraguay fue que las puertas del local fueran cerradas cuando comenzó el fuego, con el fin supuesto de evitar actos de vandalismo o que los clientes se retirasen sin pagar.
Antes de que terminase la lectura al fallo, víctimas y familiares de los fallecidos, presentes en el recinto, expresaron a gritos su repudio a los jueces y les arrojaron muebles y otros objetos. Los sobrevivientes y familiares de víctimas marcharon posteriormente hacia el local de otro de los supermercados de la cadena Ycuá Bolaños, donde también se encuentra la vivienda de algunos miembros de la familia Paiva.
Los manifestantes ingresaron y destruyeron cajas registradoras, mercaderías y muebles, según las imágenes de los canales de televisión que transmitían en directo. También arrojaron piedras a los agentes de la policía antimotines y de caballería, al a vez que se registraban estruendos de petardos, humo de cubiertas quemadas y barricadas.
Los efectivos antimotines intentaban dispersar la manifestación con balines de goma y gases lacrimógenos, pero los manifestantes permanecieron en el lugar, y con los gritos de "el pueblo no se rinde" y "ni olvido ni perdón" dirigían lluvias de piedras hacia los policías, e incendiaron una caseta policial.
Una densa humareda cubría la zona hasta donde acudió una dotación de bomberos para sofocar el fuego. Los duros enfrentamientos entre manifestantes y policías duraron más de cuatro horas y el presidente Nicanor Duarte Frutos, en declaración al canal 4 de televisión de Asunción, llamó "a la cordura para no desviar la lucha por la justicia".
Descartó también la posibilidad de dictar una medida de excepción así como que intervengan las Fuerzas Armadas para disolver las manifestaciones. "Las Fuerzas Armadas no tienen entrenamiento para este tipo de conflictos, de confrontación", dijo Duarte Frutos. Sin embargo, no descartó la presencia militar "pero en casos muy extremos".
Las organizaciones de las víctimas y familiares exigieron la renuncia de los jueces Aguirre y Ovelar y la consiguiente integración de un nuevo tribunal. "Esto no es vandalismo, esto es rabia popular contra la injusticia", dijo una de las dirigentes de las víctimas, Liz Torres.
El fiscal general del Estado Rubén Candia Amarilla anunció que el Ministerio Público decidió recusar a los integrantes del Tribunal de Sentencia Ovelar y Aguirre, para que los mismos se aparten del proceso. Por su parte, el fiscal de la causa, Edgar Sánchez, explicó que "la fiscalía ha perdido la confianza en estos jueces que son causantes de la grave conmoción que afecta a la sociedad paraguaya.
Por su parte, el ministro de la Corte Suprema de Justicia José Altamirano dijo que estaba dispuesto a remover a los jueces del Tribunal cuyo fallo produjo la violencia y convocó a los ocho restantes miembros para deliberar y discutir tal posibilidad.
El incendio, la peor tragedia civil vivida en Paraguay, se había originado por la acumulación de grasa y hollín en la chimenea de un restaurante dentro del local. El bloqueo de los accesos para evitar robos impidió el desalojo de más de un millar de personas que hacían compras o almorzaban en el interior.
El lugar tampoco contaba con salidas de emergencia adecuadas, alarmas contra incendio y otras medidas de seguridad contempladas en las ordenanzas municipales.
