Agencias
Caracas
La Corte Suprema y el Parlamento venezolanos siguen con su guerra, que cada vez se vuelve más virulenta. La última batalla la dio el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), al declarar ayer inconstitucional una reforma del Banco Central (BCV), a pedido del Nicolás Maduro.
Según el Tribunal, la reforma impulsada por la Asamblea, dominada por la oposición, viola la ley al atribuirle al Parlamento la potestad de nombrar al titular y demás directivos de la entidad.
“El objetivo buscado es tomar el control administrativo del BCV, con lo cual se atenta en contra de su autonomía y de la estabilidad de la economía”, señaló el TSJ.
La decisión se enmarca en el choque de poderes que sacude al país desde enero, cuando la oposición asumió el control del Parlamento con una amplia mayoría, tras 17 años de hegemonía chavista.
Con varios jueces nombrados días antes de que el oficialismo perdiera el dominio de la Cámara, el TSJ es acusado por la oposición de ser funcional al gobierno, a raíz de varias decisiones que impactaron su labor legislativa. La Corte convalidó un decreto de emergencia económica emitido por Maduro, pese al veto de la Asamblea, y reguló las facultades de control del Legislativo, con lo cual quedaron fuera de su competencia los poderes Judicial, Electoral y Ciudadano.
La oposición teme ahora que el nuevo paso de la Corte sea anular la Ley de Amnistía aprobada el martes, que permitiría la liberación de presos políticos, entre ellos el líder opositor Leopoldo López.