En las últimas semanas, los gobiernos de Argentina y Chile enviaron señales sobre un posible giro en el tema que más rispideces genera en el vínculo bilateral: la extradición a Santiago del ex guerrillero Galvarino Apablaza. Así lo manifestó el lunes la vicepresidenta Gabriela Michetti, tras una reunión con Michelle Bachelet en el Palacio de la Moneda: “Argentina no descarta la extradición, pero solicitamos tiempo para evaluar la solicitud chilena”. Sin embargo, esa nueva posición debería sortear trabas jurídicas y políticas, ya que el ex integrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) fue beneficiado en 2010 por el gobierno de Cristina Kirchner con el estatus de asilo político.
El cambio de la Casa Rosada podría conocerse a partir del 23 de febrero, cuando vence el plazo que tiene el Estado para contestar una demanda de la familia Guzmán y de la UDI ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA. Allí, los representantes argentinos tendrán que explicar cuáles fueron los argumentos para conceder el asilo a Apablaza, ante la acusación de haber violado “la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio de las víctimas del asesinato de Guzmán”.
Apablaza es acusado en Chile de ser el autor intelectual del ex senador Guzmán y de participar en el secuestro extorsivo de Cristian Edwards, directivo del diario El Mercurio. “El pedido de extradición fue aprobado por la Corte Suprema. Un procedimiento administrativo completamente indebido impidió que comparezca ante la Justicia chilena. Le solicitamos al gobierno argentino que revise esa decisión. En Chile hay necesidad de justicia. El Estado de derecho está garantizado”, dijo a PERFIL Juan Antonio Coloma, senador de la UDI, el partido fundado por Guzmán. El diputado Issa Kort, de la misma agrupación, visitó el jueves Buenos Aires, para dialogar sobre el caso con funcionarios de la Embajada de Chile y con el abogado Gustavo Gené, que representa a ese Estado ante los tribunales argentinos. El ex presidente Sebastián Piñera también planteó el reclamo cuando visitó a Mauricio Macri en la Casa Rosada.
Vía legal. Tras el asilo político concedido por la Comisión Nacional de Refugiados (Conare), Chile reclamó la nulidad de la decisión ante el Juzgado Contencioso Administrativo Nº 1, a cargo de Ernesto Marinelli. “El Estado de Chile siempre mantuvo el mismo interés en la extradición de Apablaza”, explicó Gené, quien considera que el trámite judicial no se resolverá en el corto plazo y que cualquier decisión será supervisada por Acnur. En caso de no prosperar la vía legal, quienes estarían facultados para revocar el asilo son el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, bajo cuya órbita está la Conare, o el propio jefe de Estado.
La Justicia chilena envió en los últimos días otra señal positiva para destrabar la extradición. La Corte Suprema de ese país le redujo la condena a prisión perpetua a Enrique Villanueva, único enjuiciado por el crimen de Guzmán, sentenciándolo a cinco años de prisión. Esa decisión demostraría a Apablaza el resguardo de sus garantías constitucionales y del debido proceso.
