La relatora especial de Naciones Unidas (ONU) para los Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese, quedó en el centro de una tormenta diplomática tras la imposición de sanciones por parte de Estados Unidos, luego de que publicara un informe en el que denunció lo que calificó como un "genocidio en curso" en Gaza.
Lejos de retroceder, Albanese, la primera funcionaria del organismo supranacional sancionada, aseguró que no se callaría y acusó a Washington de usar "métodos mafiosos" para intimidarla.
“Quisieron intimidarme a mí y a cualquiera que intentara decir la verdad sobre lo que ocurre en Gaza, utilizando métodos que recordaron a los de la mafia. Pero no lo lograron”, declaró al diario italiano La Repubblica. En sus declaraciones, reafirmó que continuaría con su labor y pidió la intervención de la Corte Penal Internacional (CPI) para que juzgue a los responsables de la situación humanitaria en Gaza y Cisjordania, incluyendo al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.
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En su último informe, Albanese identificó a 45 empresas privadas que, según ella, se beneficiaron económicamente de la ofensiva israelí. Entre ellas mencionó a Google, Microsoft, Amazon e IBM. "La guerra no cesó por las ambiciones territoriales de Israel, apoyadas por las empresas de armamento, vigilancia, inteligencia artificial y tecnología, que se enriquecieron. Nosotros compramos esas armas. También hubo bancos, fondos de pensiones y sistemas crediticios que garantizaron el flujo de capital para financiar las operaciones militares", denunció.
La reacción de Estados Unidos no tardó. El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció sanciones contra la relatora y afirmó que Albanese estaba “incapacitada” para ejercer su cargo debido a su “antisemitismo descarado, apoyo al terrorismo y desprecio por EE.UU., Israel y Occidente”. Rubio también la acusó de haber enviado “cartas amenazantes” a empresas estadounidenses con acusaciones que calificó de “infundadas”.
Sin embargo, gran parte de la comunidad internacional no permaneció en silencio. El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió públicamente a EE.UU. que levantara las sanciones, al considerarlas “un precedente peligroso”. Amnistía Internacional calificó la decisión como “vergonzosa y vengativa”, mientras que el portavoz del secretario general de la ONU, Stéphane Dujarric, declaró que el uso de sanciones unilaterales contra relatores u otros expertos de la organización era “inaceptable”.
Apoyo internacional y una denuncia incómoda
Las sanciones provocaron una oleada de apoyo a la relatora italiana. En Italia, una petición en línea reunió más de 15.000 firmas en tan solo dos horas. Los organizadores pidieron que se garantizara la protección diplomática de Albanese y que se presentara su candidatura al Premio Nobel de la Paz.
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Desde Liubliana, Eslovenia, la relatora reafirmó su posición: “Seguiré haciendo lo que hago”, dijo en una rueda de prensa. “A nivel psicológico, las sanciones no me afectaron. A nivel práctico, claramente me complicaron la vida. Pero yo soy una privilegiada occidental, protegida por la inmunidad diplomática de la ONU, mientras en Gaza la gente murió de hambre, de miseria o bajo las bombas”.
Albanese recordó que en la Franja de Gaza murieron al menos 60.000 personas, entre ellas 18.000 niños, desde el inicio de la ofensiva militar. “Ese es el verdadero escándalo”, insistió.
En total, Francesca Albanese redactó seis informes para Naciones Unidas, en los que reclamó la investigación de crímenes como detenciones arbitrarias, violaciones de derechos de menores y actos que podrían constituir genocidio. Siempre pidió que la CPI determinara responsabilidades, aunque reconoció que las condiciones no eran favorables: “Los sectores implicados —industria militar, alta tecnología, finanzas— fueron demasiado poderosos para los sistemas judiciales nacionales”, explicó.
Según la jurista, el objetivo de las sanciones fue silenciarla, como parte de una estrategia más amplia de intimidación. “Primero ridiculizan y difaman a quien se atreve a denunciar, luego intentan aplastarlo. Es un sistema que solo funciona si la gente se deja intimidar y dividir”, advirtió. Para Albanese, Estados Unidos se mostró como un país “alérgico a la justicia”, que sancionó a la Corte Penal Internacional y a cualquiera que intentara aplicar la ley. Aun así, aseguró que no retrocedería en su misión.
