Desde San Pablo
La preservación de la Amazonia brasileña dependerá de las presiones cada vez más fuertes de los inversores extranjeros y de los empresarios nacionales sobre el gobierno de Jair Bolsonaro, que se aferra a una visión permisiva a actividades ilegales en la naturaleza. Más allá de los datos impresionantes de la devastación ambiental, así como de las amenazas de los Estados europeos de restringir las importaciones agrícolas y suspender la ratificación del acuerdo Mercosur-Unión Europea (UE), la decisión salomónica del capital externo tan deseado como necesario para superar la crisis económica tendrá un rol decisivo en este punto clave.
Un hecho revelador fue el intento del ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, nombrado justamente para trabajar por el desmonte de la red de protección de la Amazonia, de reducir el compromiso de disminuir en un 90% hasta 2023 la deforestación en todo el país. A cambio, el Ministerio se comprometería con la preservación de solamente 390 mil hectáreas de bosques nativos de la Amazonia. La propuesta fue vetada el martes pasado por el Ministerio de Economía, que pidió la ayuda de los titulares de Agricultura, Justicia y Defensa en las acciones de control de la deforestación. Sin embargo, el día siguiente el mismo ministro Paulo Guedes se acomodó al discurso oficialista, al ser cuestionado por un think tank de Washington sobre la devastación de la Amazonia: “Ustedes quieren detenernos de destruir nuestros bosques como han destruido los suyos”.
No se puede imaginar que Guedes no sepa interpretar los datos. Y los que emergieron del Instituto de Investigaciones Espaciales (Inpe) son impactantes. La deforestación destruyó 9.205 kilómetros cuadrados de los bosques entre agosto de 2019 y junio de este año –lo que implica un aumento de un 34,5% en comparación al período anterior-. A pesar del anuncio del vicepresidente de la República y comandante del Consejo de la Amazonia, el general Hamilton Mourão, de la caída de la destrucción de los bosques en julio, el desastre acumulado en los 12 meses anteriores desnuda el descontrol de las actividades ilegales en la región y la ausencia real de una voluntad política de preservar la naturaleza.
Guedes claramente hace equilibrio entre las convicciones de Bolsonaro y la realidad del capitalismo más sofisticado, que ya no admite la ganancia descomprometida de la sustentabilidad. Conoce muy bien el éxito de los fondos verdes y la atención de los inversores a las causas ambientales. La carta en la cual 29 grandes fondos de inversiones extranjeros han reclamado un compromiso del gobierno con la preservación de la Amazonia y de los pueblos indígenas llegó a su despacho en junio, así como la reciente presión de la red minorista Tesco al gobierno británico para chequear el abastecimiento de carnes provenientes de regiones de desforestación. La destrucción de la Amazonia ya está impregnada como un sello maligno en los productos del sector ganadero brasileño.
El difícil equilibrio de Guedes y su equipo en esta cuestión se da en un momento de dura recesión económica, cuando su Ministerio se prepara para anunciar cuatro privatizaciones, en las que la participación de inversores extranjeros es más que esperada. Los ingresos de las ventas de “las joyas de la abuela” son más necesarios que nunca para que el gobierno acomode el déficit primario y para dar una señal a los mismos inversores de que el país será capaz de enfrentar el creciente endeudamiento público, que ya alcanza un 85% del PBI. En paralelo, Guedes batalla para moldear una reforma impositiva con un Congreso sensible a lo que pasa en la Amazonia, así como más activo que el gobierno en el combate a la pandemia y a la ayuda a los brasileños imposibilitados de cobrar sus sueldos.
La trayectoria de la pandemia de Covid-19 en Brasil ha demostrado la incapacidad del gobierno en seguir los principios científicos y en expresar empatía con sus víctimas, aún cuando el país alcanzó los 100 mil muertos y casi 3 millones de infectados, entre ellos el propio presidente y su esposa, Michelle Bolsonaro. El Palacio del Planalto no se preocupa por el impacto de la deforestación de la Amazonia, ni se sensibiliza por el daño profundo de la imagen del país en el exterior. Pero a veces el bolsillo pesa más.
