Los investigadores que llevan adelante la llamada Operación Lava Jato en Brasil habrían encontrado “rasgos comunes” entre el presunto esquema de corrupción en Petrobras y el “caso Skanska” revelado en 2006 en la Argentina, según publicó el diario Estado de S. Paulo.
De acuerdo con un archivo difundido íntegramente en un sitio web del periódico paulista, en noviembre pasado la Superintendencia de la Policía Federal en Río de Janeiro remitió a las autoridades de Lava Jato los documentos de una vieja investigación abierta en el estado carioca sobre un contrato de la empresa constructora Odebrecht firmado en 2005 para las obras de ampliación del Gasoducto Norte-Sur en la Argentina.
El artículo de Estado recuerda que el caso, “uno de los primeros escándalos políticos del gobierno de Néstor Kirchner”, resultó en una denuncia en la Justicia argentina contra Odebrecht y las compañías Skanska y Techint –también investigadas en el marco de Lava Jato– por presuntos cargos de corrupción y soborno.
En 2011, cinco años después de que un juez argentino aludiera a presuntos sobreprecios y pagos de coimas en la obra del gasoducto, la policía en Río abrió una investigación para determinar si existió delito de corrupción activa en un contrato internacional por parte de Odebrecht. El proceso en la Argentina hablaba de “operaciones simuladas con el fin de generar fondos para el pago de comisiones indebidas” en las obras de ampliación.
Sin embargo, Odebrecht subraya que, en 2012, la Justicia argentina exculpó a la compañía de cualquier responsabilidad en el presunto ilícito. Los investigadores brasileños tienen presente esa resolución, pero aun así pedirían aclaraciones a la empresa sobre el caso. Siempre según Estado, el interés de las autoridades de Lava Jato reside en posibles “rasgos comunes” entre lo ocurrido en la Argentina y “el esquema de corrupción y desvío de fondos en Petrobras”.
PERFIL se comunicó con Odebrecht para conocer su descargo: “El caso en cuestión no guarda ninguna relación con los hechos bajo investigación por la Policía Federal de Brasil. Sin embargo, la compañía se encuentra a total disposición de las autoridades brasileñas para proporcionar cualquier información adicional, incluso sobre temas que ya han sido investigados y dados por concluidos. La investigación en Argentina se centró en la construcción del Gasoducto Norte, en el que Odebrecht no tuvo participación alguna, ya que fue la responsable de las obras en el tramo Sur. La compañía fue eximida por la Justicia argentina de cualquier demanda y no fue convocada a dar testimonio alguno. La Policía Federal brasileña recibió oportunamente un pedido de información realizado por la Justicia argentina, y la Superintendencia de Río de Janeiro abrió de oficio, cuatro años atrás, una investigación sobre el mencionado caso. La empresa proporcionó, cuando le fue requerida, la información correspondiente a las autoridades. La consecuencia, tras la recepción del fallo de la Justicia argentina, es el archivo del caso por la Policía Federal de Brasil en Río de Janeiro”.
El Congreso de Brasil puede complicar a Cristóbal
El Congreso brasileño aprobó la prorrogación de la comisión legisladora que investiga una supuesta red de corrupción en Petrobras, lo que aumenta las chances de que el empresario argentino Cristóbal López, titular del Grupo Indalo y de estrecho vínculo con la Casa Rosada, sea convocado a dar testimonio.
El año pasado, el diputado brasileño Rubens Bueno (PPS) presentó un pedido de convocatoria a López para “explicar sus relaciones con Paulo Roberto Costa”, el ex director de Abastecimiento de Petrobras, hoy preso. La supuesta conexión se basa en una carta enviada por el empresario en enero de 2012 al entonces presidente de Petrobras, José Gabrielli, en la que menciona una reunión con Costa para “conversar acerca de temas comunes a los intereses de nuestras compañías”.
Bueno denunció la operación de venta de la refinería de San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe, de una red de distribución de combustibles y de sus stocks de petróleo por US$ 102 millones, un valor considerado bajo en el mercado. La comisión del Congreso brasileño fue prorrogada por 120 días, período que puede ser extendido por otros sesenta días.
Carlos Infante, vocero del Grupo Indalo, aseveró a PERFIL: “Nos parece correcto que investiguen, no tenemos nada que esconder”.
