Un juez brasileño aumentó a 17 años la condena contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, por corrupción relativa a una quinta en San Pablo, en el marco de la causa Lava Jato. El exmandatario había sido condenado a 12 años y 11 meses de prisión por la jueza Gabriela Hardt, de la primera instancia federal y este es el primer revés judicial desde su liberación, el pasado 8 de noviembre.
El líder de la izquierda brasileña permanecerá sin embargo en libertad, gracias a una reciente decisión de la corte suprema que determinó que las penas de prisión solo pueden empezar a ejecutarse cuando los acusados agoten todos los recursos disponibles en las cuatro instancias del sistema judicial brasileño.
"La pena final queda en 17 años, un mes y diez días de reclusión a ser cumplidos inicialmente en régimen cerrado", anunció Joao Gebran Neto, juez instructor del proceso contra Lula del Tribunal Regional Federal 4 (TRF4) de Porto Alegre, un cuerpo colegiado que desde la mañana de este miércoles está analizando un fallo de la primera instancia en Curitiba.
Además de aumentar en más de cinco años la sentencia de primera instancia, el camarista ordenó retirar los derechos políticos del líder Partido de los Trabajadores (PT).
Antes de pasar la palabra al juez revisor del TRF4, Gebran Neto rechazó todas las alegaciones de los abogados del imputado, que demandaron la nulidad de la sentencia de Hardt, a quien acusaron "copiar y pegar" partes de una sentencia del exjuez Sergio Moro. El magistrado aceptó que la jueza presentó parte de otra sentencia, pero consideró que la actitud no impugna su fallo.
Lula fue condenado por la remodelación de una quinta en Atibaia, interior del estado de San Pablo, realizada por las constructoras OAS y Odebrecht. De acuerdo con la jueza Hardt, y el camarista Gebran Neto, esas refacciones fueron una forma de pago ilegal a Lula como recompensa por los contratos que esas firmas obtuvieron con la petrolera estatal Petrobras.
Lula siempre afirmó que esa propiedad no era suya, sino de uno de sus allegados. Pero la Fiscalía aseguró que considera probado que Lula era el principal usuario de esa propiedad y que las obras eran para él.
El parecer de Gebran Neto demandó tres horas de lectura y concluyó cerca de las 15 horas (18 GMT), e incluyó el rechazo a un pedido de la defensa para que sea "anulado" lo actuado por el exjuez Sergio Moro. Este exmagistrado, ahora ministro de Justicia del presidente Jair Bolsonaro, inició la mega causa Lava Jato en marzo de 2014 cuando comenzó a develar la trama de sobornos y contratos amañados en Petrobras, en la que estuvieron implicados políticos, ejecutivos de la petrolera y empresas privadas.
Según Cristiano Zanin Martins, jefe del equipo de defensores de Lula, Moro se condujo no como un magistrado sino como un "político" interesado en condenar al imputado. La "falta de imparcialidad" de Moro y su supuesta intencionalidad "política" quedaron de manifiesto cuando Jair Bolsonaro lo designó como ministro de Justicia y Seguridad Pública, dijo el abogado.
Este es el segundo proceso contra Lula que pasa por el TRF4, en el anterior fue condenado a 8 años y 10 meses de cárcel por corrupción y lavado de dinero vinculados a un departamento en la ciudad balnearia de Guarujá, en el litoral de San Pablo. Por esa condena, Lula pasó 580 días preso en la Superintendencia de la Policía Federal de Curitiba, de donde salió el pasado viernes 8 de noviembre.
En ese caso, fue considerado beneficiario de un apartamento tríplex ofrecido por la constructora OAS en el litoral paulista, igualmente a cambio de contratos en Petrobras. La decisión de la corte suprema que impide la ejecución de sentencias antes del agotamiento de todos los recursos judiciales posibilitó su liberación el 8 de noviembre e impide ahora su encarcelamiento después del fallo de este miércoles.
Ese dictamen, que concierne a miles de presos que no representan un peligro público ni presentan riesgo de fuga o de obstrucción a la justicia, asestó un duro golpe a la operación Lava Jato (Lavadero de autos) que desde 2014 envió a la cárcel a decenas de empresarios y de políticos de casi todo el arco parlamentario, implicados en una red de sobornos centrada en Petrobras.
Lula es encausado en al menos otros cinco procesos, pero se proclama inocente en todos y denuncia una manipulación político-judicial para apartarlo de las elecciones de octubre del año pasado, en las cuales resultó vencedor el Jair Bolsonaro.
D.S.
