Su decisión se conoció este lunes, luego de que el sindicato "Manos Limpias" le solicitara evaluar el asunto. José Castro desestimó la petición -a la que ya se había opuesto la Fiscalía Anticorrupción de España- al considerar que no existen indicios de conducta ilícita. El juez además cree que citarla a declarar “carecería de sentido" y sólo conduciría a "estigmatizar gratuitamente” a la hija del rey.
"En la causa”, asegura el documento publicado por el juez, “no obra absolutamente ningún testimonio, y son muchos los que se han prestado (…) que involucren de algún modo a Doña Cristina Federica de Borbón y Grecia en la toma de decisiones de ninguna de las entidades que giran alrededor de su esposo (...), así como tampoco la han visto merodear por sus dependencias o expresar sus criterios sobre la oportunidad de llevar a cabo conciertos u operaciones”.
Un mes antes, la Fiscalía General del Estado y la Oficina Anticorrupción coincidieron en que al menos no existe dato alguno que indique que la infanta Cristina estuviese al tanto de las presuntas irregularidades cometidas por su marido. La Fiscalía asegura que en ningún momento la investigación arrojó pruebas de una conducta inaceptable en la infanta de España.
“Muchas veces las mujeres figuran como administradoras de una empresa de su marido y en realidad son amas de casa...”, afirman fuentes judiciales “En este caso, doña Cristina ni siquiera es administradora. Para llamarla a declarar hay que demostrar que conocía el origen del dinero y que sabía que tenía una procedencia ilícita. Y nadie está en condiciones de hacerlo”.
En cuanto a su papel en el «Instituto Nóos», entidad sin fines de lucro de la que la hija del rey formaba parte en calidad de vocal, el fiscal cree que las decisiones las tomaba un comité de dirección en el que no figuraba la infanta y que no consta que la junta rectora -en la que sí estaba como miembro- aprobara las líneas de actuación del organismo.
Con respecto a la empresa que comparte al 50 % con su marido y que supuestamente sirvió para desviar dinero público, la Fiscalía dice que la infanta no ostenta ningún cargo ejecutivo en ella y que su vinculación es meramente a nivel societario. Según “Manos Limpias”, además desempeñaba el cargo de secretaria, lo que conlleva la elaboración de actas con los acuerdos adoptados, la lectura de éstas y su firma.
Hace diez días, Iñaki Urdangarín, en su declaración ante el juez, desvinculó a su esposa de toda responsabilidad, diciendo que ella “no desempeñaba ninguna labor en Aizoon”, la empresa matrimonial. “Acudía a las juntas y los asesores le presentarían las actas para la firma”, indicó. El yerno del rey dijo ignorar si Cristina “ha firmado o no las cuentas anuales” pero precisó que habría firmado si se trataba de “un requisito indispensable”.
De lo que no pudo salvarse Cristina de Borbón es el haber caído en desgracia ante buena parte de la opinión pública, y el hecho de que el escándalo enturbiara las relaciones con su familia, malas relaciones que, al parecer, vendrían de lejos.
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A causa del escándalo, el organismo de la Casa Real decidió apartar a Urdangarín de todas las actividades oficiales, y se están barajando opciones como retirar títulos a las infantas Elena y Cristina, así como las asignaciones derivadas del Presupuesto Real. En el ámbito familiar, parece que las cosas nunca volverán a ser iguales en la hasta ahora apacible familia Borbón.
