La historia de los presos sin delito en España

En la madre patria, los ciudadanos del mundo “sin papeles”, que intentan ingresar a Europa a través de España, son trasladados a un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE). Esta institución carcelaria carece de una normativa detallada (como si ocurre en Francia), por lo que cada organismo (ubicados en distintas partes de las fronteras) es independiente uno de otro.

Las normas las impone el responsable de turno, siempre una autoridad policial. “Las pone cada uno más o menos como puede”, reconocieron desde el sindicato policial SUP, según reprodujo el diario español El País. “Hay una dispersión de las interpretaciones con respecto a las condiciones de internamiento. No hay una unidad de criterio definida”, aseguró José Antonio Moreno, abogado experto extranjería.

En el CIE de Carabanchel (Madrid), internos y ex internos plantean quejas coincidentes. En las colas que se forman fuera del centro, se lamentan en distintos idiomas y acentos por la mala alimentación, el frío, la falta de atención médica y la ausencia de higiene. Todas estas denuncias fueron negadas por el Ministerio del Interior español, quien asegura que “los centros han mejorado mucho en una década”.

Esta situación se repite en distintos países de Europa, aunque con matices. Mientras que en Inglaterra, las instituciones son gestionados por empresas privadas, en Suecia “las condiciones físicas y de organización de los centros están entre los mejores”, aseguró un estudio de la Unión Europea (UE). Son lugares pequeños, bien equipados, que no son administrados como prisiones, detalla el informe.

Polonia, Holanda e Italia, países donde las condiciones de internamiento son duras, los centros carecen de higiene, información legal, asistencia médica e inspecciones independientes. Asimismo, son instituciones que acumulan denuncias por falta de transparencia. Desde Amnistía Internacional exigen un urgente modificación de un mecanismo que encarcela ciudadanos del mundo sin delito.

“Son presos sin delito. Sólo cometieron una falta administrativa. Entendemos que los Estados tienen derecho a controlar sus fronteras, pero con respeto a los derechos humanos, que se están menoscabando progresivamente. La privación de la libertad debe ser el último recurso. Se deberían tomar otras medidas, como la presentación periódica en alguna oficina o impulsar el retorno voluntario”, señala la ONG.

Futuro poco alentador. Paradójicamente, en muchos casos, los CIE son criticados no por su existencia, sino por su falta de regulaciones. “No están fijados el tiempo de asilamiento y ante quién recurrirlo (...) Hay que definir un catálogo de infracciones y sanciones (...) Los CIE son cárceles, se les llame como se les llame, pero sin regular”, afirmó José Luis Rodríguez Candela, quien de esta manera reconoce que sólo falta la institucionalización del organismo en cuestión.