El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Brasil denegó este martes el recurso que horas antes habían presentado los abogados del expresidente Lula da Silva para evitar su eventual encarcelamiento, lo que complica las cosas al líder de izquierda tras su condena a doce años de prisión.
"El recelo de un procedimiento ilegal y la posibilidad de una inmediata prisión no parecen presentes, lo que es suficiente para desestimar el pedido preventivo", escribió el juez del Supremo Tribunal de Justicia Humberto Martins.
La decisión del juez llegó poco después de que los abogados de Lula presentaran un recurso de "habeas corpus" ante el STJ, para permitir que el exmandatario (2003-2010) siga recurriendo en libertad su condena por corrupción y lavado de dinero dictada la semana pasada por un tribunal de apelaciones de Porto Alegre (sur).
El Tribunal Regional Federal Nº4 ratificó la culpabilidad de Lula, condenado en julio pasado a nueve años y medio de prisión, y tras elevar la pena señaló que el líder del PT debería empezar a cumplir su sentencia inmediatamente después de agotar los recursos de segunda instancia, dentro del propio TRF4.
Esto podría llevar al exmandatario tras las rejas en pocas semanas o meses, aun cuando le queden recursos ante tribunales superiores, como el STJ o la Corte Suprema. Y eso es justamente lo que sus abogados querían impedir con el recurso presentado este martes con la vista puesta en las elecciones presidenciales de octubre, en las cuales Lula es favorito según todos los sondeos.
El abogado de Lula, Cristiano Zanin Martins, reaccionó rápidamente a la decisión. "La Constitución asegura al expresidente la garantía de una presunción de inocencia y el derecho de recurrir una condena ilegítima impuesta sin anticipación del cumplimiento de pena. La defensa usará los medios jurídicos necesarios para hacer prevalecer las garantías fundamentales de Lula", dijo el abogado en una conferencia de prensa.
Esta semana, los abogados del expresidente denunciaron también ante la Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra que el proceso contra Lula carece de imparcialidad. El caso de Lula ante la ONU ha tenido pocos avances desde que sus abogados presentaron la denuncia en julio de 2016.
Desde entonces, la defensa y el estado brasileño han presentado sus respectivas pruebas para que los 18 expertos internacionales que integran la Consejo decidan si admitir el caso o no.
Lula fue condenado por recibir un apartamento de la constructora OAS a cambio de favorecerla con contratos en la estatal Petrobras, centro de una oscura red de financiación ilegal a partidos políticos, la primera de las muchas cuentas que tiene abiertas en la justicia.
Tras la condena en Porto Alegre, un juez de Brasilia a cargo de otro proceso contra el expresidente ordenó confiscarle el pasaporte alegando que Lula podría fugarse del país.
