Martín Vizcarra es el enésimo presidente de Perú que cae en desgracia tras ser destituido temporalmente por “incapacidad moral” por el Congreso de ese país. Sin embargo, aplaudido por la mayoría de los peruanos, es acaso el único que no tiene la historia manchada por la corrupción.
El ahora presidente destituido es "un provinciano de clase media, hijo de un exlíder político muy respetado en su región” que “no parece haber sido tentado por el poder”, analiza la periodista Rafaella León, autora de un libro sobre Vizcarra. “Su entorno, amigos, su esposa (Maribel Díaz), son gente muy sencilla, sin grandes ambiciones ni protagonismos", agregó.
En los últimos años, el megaescándalo de corrupción judicial que comprometió a varios parlamentarios opositores incrementó en Perú el desprecio público por la elite política, y por esta razón Vizcarra, que no tiene partido político propio ni bancadas en el parlamento, gozó de un apoyo popular sin precedentes por sus intentos por purgar a la clase política.
Sus antecesores tampoco gozaron de la buena suerte en la política:
Alan García (1985-1990 y 2006-2011) se pegó un tiro cuando la policía iba rumbo a su casa en Lima a detenerlo por el caso Odebrecht. Se lo acusaba de los presuntos delitos de lavado de activos, tráfico de influencias y colusión vinculados a la construcción por parte de la empresa corruptora de la Línea 1 del metro de la capital peruana. La fiscalía halló que Odebrecht depositó cuatro millones de dólares en cuentas de Luis Nava, ex secretario de Presidencia en el segundo mandato de García.
El expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) se encuentra en la cárcel cumpliendo una condena de 25 años por varios delitos, como corrupción, peculado, usurpación de funciones, por desviar fondos y por su responsabilidad en el asesinato de estudiantes de La Cantuta.
Ollanta Humala (2006-2011) y su esposa, Nadine Heredia, se encuentran en la cárcel cumpliendo prisión preventiva por dieciocho meses. A ambos se les acusa de lavado de activos por los aportes que recibió su partido político en las campañas electorales de 2006 y 2011, y el fiscal pidió par a ellos veinte años de prisión. Humala, por su parte, parece tener renovadas intenciones presidencialistas.
Alejandro Toledo (presidente de 2001 a 2006) recibió 20 millones de dólares de parte de Odebrecht a cambio de que ellos y sus socios ganaran la adjudicación de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica. El contrato se firmó el 23 de junio de 2005. Actualmente el exmandatario, que enfrenta cargos de tráfico de influencias, colusión y lavado de dinero en agravio del Estado, está detenido en los Estados Unidos mientras la Justicia peruana aún negocia su extradición.
Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) fue destituido y detenido en abril de 2018 después de que se lo señalara por presunto lavado de dinero proveniente de Odebrecht a través de Westfield Capital, una empresa suya registrada en Estados Unidos cuando era ministro del presidente Alejandro Toledo. La investigación investiga si las consultorías de Westfield a la constructora eran sobornos encubiertos a cambio de obra pública.
Con Kuczynski ya son dos los exmandatarios peruanos presos, después de que en enero pasado Fujimori fuera reenviado a la cárcel a terminar de cumplir una condena de 25 años por crímenes de lesa humanidad durante su gobierno.
Vizcarra llegó al poder en marzo de 2018 tras la dimisión de Pedro Pablo Kuczynski días antes de que el Congreso decidiera sobre la celebración de un 'impeachment' en su contra por su presunta implicación en el escándalo de corrupción de Odebrecht. Prometió emprender una reforma estructural del sistema política para acabar con la lacra de la corrupción, que salpicó a los últimos cuatro presidentes de Perú y a la líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, así como a la cúpula judicial.
Sin embargo, Vizcarra se topó con la firme oposición del Congreso peruano y fue precisamente la negativa del Poder Legislativo a suspender una polémica designación de nuevos miembros del Tribunal Constitucional la gota que rebalsó el vaso de agua para Vizcarra. El próximo viernes el Congreso peruano sesionará para votar, y probablemente aprobar, la destitución definitiva.
