La deriva de la crisis venezolana expuso en los últimos días la actividad de uno de los pilares sobre los que Nicolás Maduro aún se sostiene en el poder: el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), el principal organismo de inteligencia del país, creado por Hugo Chávez en 2010.
Dos dirigentes chavistas de primera línea que rompieron con Maduro aseguraron recientemente que fueron objeto de operaciones mediáticas y amenazas dirigidas desde el Sebin. La institución también es cuestionada por su actuación en allanamientos, detenciones y represión a protestas opositoras, y por su gestión de cárceles en las que se encuentran recluidos políticos antichavistas.
La sombra del Sebin sobrevoló esta semana sobre un extraño episodio que elevó al máximo la tensión en Venezuela: un policía del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, identificado como Óscar Pérez, secuestró un helicóptero oficial junto a otros uniformados y luego disparó desde el aire contra las sedes del Ministerio del Interior y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Poco antes, Pérez había difundido un manifiesto en las redes en el que había prometido ocuparse personalmente de “restablecer el orden constitucional”.
Maduro dijo que Pérez, quien además de policía es actor, comandó un “ataque terrorista” y lo acusó de estar “alzado en armas”. El gobierno también aseguró que Pérez está vinculado a la CIA y al general retirado venezolano Miguel Rodríguez Torres, un ex compañero de armas de Chávez que fue su ministro del Interior y que, tras haberse distanciado de Maduro, hoy es uno de los “chavistas críticos” que se presentan como tercera vía entre el oficialismo y la oposición. Maduro afirmó públicamente que el insurrecto Pérez había sido piloto de Rodríguez Torres. Sin embargo, éste desmintió la versión y explicó que su piloto no se llamaba Óscar Pérez sino Pedro Pérez.
Rodríguez Torres no es una figura menor: fue durante once años el máximo jefe de los servicios de inteligencia venezolanos: primero de la extinta Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip) y luego del Sebin. Lo llamativo es que el episodio del helicóptero ocurrió justo en medio de una guerra de información entre el ex ministro y el oficialismo. Hace una semana, el diario Últimas Noticias, vinculado al chavismo, difundió un supuesto documento estadounidense, replicado por el gobierno, en el que se mencionaba a Rodríguez Torres como informante de la CIA.
El ex jefe de inteligencia acusó directamente al Sebin por armar un “carpetazo para ensuciarlo” y dijo ser víctima de una operación mediática. “Están desatados los laboratorios de guerra sucia de siempre –tuiteó–. Para conocimiento de los interesados, están ubicados en el piso 12 del Sebin”.
¿Por qué el gobierno querría ensuciarlo? Tal vez porque dice tener pruebas de vínculos entre narcotraficantes y altos mandos del chavismo. Cierto o no, los papeles difundidos en su contra resultaron ser de baja factura: contenían errores de ortografía, usos incorrectos del inglés y varios nombres de presuntos informantes, algo muy inusual en documentos reservados de la CIA. Era, además, información vieja: el propio Rodríguez Torres reveló que el supuesto informe llegó a manos de Chávez, quien lo analizó personalmente y lo descartó por inverosímil.
Críticas. La fiscal general, Luisa Ortega Díaz, acusó a los servicios de inteligencia de montar un “Estado policial” en Venezuela. “Las actividades irregulares del Sebin, entre las que está irrespetar las órdenes de los tribunales de darles libertad a algunas personas, sorprenden, pero no solamente son sus actuaciones en sí. Lo más grave es la subordinación del Poder Judicial ante la lógica policíaca y represiva. El Poder Judicial debe controlar las actuaciones de las fuerzas de seguridad, poner límites al poder policial y militar, no lo contrario. Acá las carretas están delante de los caballos, el Sebin le dicta líneas al Poder Judicial y este obedece”, afirmó en una entrevista al diario peruano El Comercio.
Pero la jefa del Ministerio Público fue aún más allá y denunció que ella y su familia habían sido amenazados por el Sebin. Según Ortega Díaz, habrían sido perseguidos por camionetas vinculadas a los servicios y recibido llamadas telefónicas intimidantes. “Hago responsable al Ejecutivo de lo que le pueda pasar a mi familia, no es posible que sean objetos de amenaza”, aseveró.
Amenazado por la crisis, el chavismo se repliega no sólo en los cuadros de las Fuerzas Armadas, sino también en los agentes del Sebin.
Denuncian torturas
La organización venezolana Una Ventana a la Libertad (UVL), difundió la semana pasada el primer trabajo de investigación sobre la violación de los derechos humanos de los detenidos en las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). El trabajo de campo fue desarrollado durante los meses de mayo y junio de 2017. Para ese entonces, el Sebin Helicoide tenía una población de 340 reclusos, 23 de los cuales eran mujeres. En ese centro, cuya capacidad real es para 80 personas, había un nivel de hacinamiento del 300%. Allí, el 80% de la población estaba recluida por razones políticas. Según el informe de UVL, los detenidos habrían sido salvajemente torturados -crucificados, ahogados y sometidos a picana eléctrica-. El opositor Carlos Melo, detenido junto a 40 personas en una celda llamada “Guantánamo”, denunció en el documento las condiciones de insalubridad y hacinamiento.
