AFP/AP/ANSA
Desde Caracas
Luego de las duras críticas que recibió de parte de la Iglesia venezolana, el presidente Nicolás Maduro decidió la creación de un Consejo de Derechos Humanos para que investigue “todos los sucesos” ocurridos desde que comenzaron los fatales enfrentamientos callejeros entre grupos oficialistas y opositores, en febrero.
El anuncio se produjo casi en simultáneo a un feroz ataque de “colectivos” chavistas contra estudiantes que se habían concentrado en la Universidad Central de Venezuela (UCV) para organizar nuevas protestas. Pocas horas después, la Fiscalía General presentó formalmente cargos contra el ex alcalde opositor Leopoldo López, quien sigue detenido.
El miércoles, la Conferencia Episcopal Venezolana había emitido un duro comunicado de condena a la represión a las manifestaciones contra el gobierno. “La causa fundamental de la actual crisis es la pretensión del partido oficial y de autoridades de la república de implantar el llamado Plan de la Patria, detrás del cual se esconde la promoción de un sistema de gobierno de corte totalitario, que pone en duda su perfil democrático”, habían expresado los obispos.
Maduro guardó silencio ante semejante acusación y prefirió responder con la creación del Consejo. La semana pasada había anticipado que la misión de cancilleres de la Unasur, que visitó Caracas para intentar acercar a las partes, le había sugerido crear una dependencia que supervisara de cerca el respeto a los derechos de los manifestantes.
Maduro anunció que el Consejo estará bajo el mando del vicepresidente Jorge Arreaza y contará con la participación de los ministros de Interiores, Defensa y Comunas; de la defensora del Pueblo, la fiscal general y la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia; de dos diputados designados por la Asamblea Nacional; y de tres representantes de organizaciones civiles. Serán 15 personas que tendrán la asesoría de “un conjunto de expertos” nombrados por Unasur.
El presidente explicó que “en términos coyunturales, el Consejo va a asumir una investigación desde la óptica de los derechos humanos de todos los sucesos desde el mes de febrero hasta nuestros días”, en alusión a los choques callejeros que ya dejaron 39 muertos y decenas de heridos.
La creación del Consejo contrasta con la forma en que se sigue reprimiendo a la disidencia. El jueves, la Guardia Nacional Bolivariana y miembros de los “colectivos” armados chavistas irrumpieron en la UCV, donde se habían concentrado estudiantes opositores. Con la protección de las fuerzas de seguridad, y armados con palos, martillos y cuchillos, los encapuchados atacaron a los jóvenes. A algunos los desnudaron, ataron y patearon en el suelo. Todo fue registrado por cuatro reporteros gráficos que sufrieron agresiones. Siete estudiantes sufrieron heridas y fracturas de distinta gravedad.
En tanto, el fiscal general Luis Ortega acusó formalmente a Leopoldo López de “instigación pública, incendio y asociación para delinquir”. El gobierno acusa a López de promover las protestas que se suceden desde el 12 de febrero
