Las crudas imágenes de la situación en Bolivia

El gobierno de Evo Morales vivió ayer su hora más crítica luego de que durísimos enfrentamientos entre el ejército y sectores autonomistas del departamento de Pando dejaran un saldo de al menos 12 muertos y decenas de heridos.

Tras 18 días de paro en reclamo de la devolución de los fondos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), los pobladores de San José de Pocitos y Yacuiba provocaron incidentes que obligaron al gobierno boliviano a cortar el suministro de gas a la Argentina por temor a un atentado.

La jornada dejó decenas heridos, que fueron trasladados primero a Porvenir y luego a Cobija, capital del departamento de Pando, colindante con Brasil y Perú, para ser atendidos en el hospital "Roberto Galindo".

Un día antes, en La Paz, Morales había echado al embajador norteamericano Philip S. Goldberg, por frecuentes contactos con autoridades y dirigentes cívicos de cinco de los nueve departamentos opositores a su gobierno, que reclaman su autonomía respecto del poder central.

En respuesta, el gobierno estadounidense declaró “persona non grata” al embajador boliviano en Washington, lo que a su vez produjo la ira de Chávez, que también anunció que la expulsión del embajador norteamericano y amenazó con que enviar apoyo “armado” a Bolivia ante la eventualidad de un golpe.

El resto de los países latinoamericanos - Chile, Bolivia, Brasil y Argentina, entre otros- también respaldaron al mandatario boliviano. En un comunicado, el gobierno de Brasil advirtió “que no tolerará” una ruptura institucional en Bolivia, sobre todo luego de que, en el referendo del pasado 10 de agosto, Evo fuese refrendado en el cargo con un abrumador 67%.

“Ante los graves hechos de violencia y sabotaje terrorista que se registraron en Bolivia, el Gobierno reitera su pleno e incondicional respaldo al gobierno del presidente Evo Morales Ayma”, anunció, por su parte, la chancillería argentina en un comunicado emitido ayer.

Como siempre, la posición más dura fue la de Chávez quien advirtió que “si las oligarquías y los ´pitiyanquis´ financiados por el imperio derrocaran a algún gobierno nuestro, tendríamos luz verde para iniciar operaciones de cualquier tipo”.

La crisis política boliviana se remonta al 2006, año en que asumió el presidente Morales. La reforma agraria, el tema de las autonomías departamentales pero, sobre todo, la cuestión del IDH dividen a la oposición y al gobierno central, que no logran  un acuerdo respecto de quién debe administrar las ganancias que producen los recursos naturales de las provincias más ricas.

Los prefectos de la llamada medialuna opositora (Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando) pretenden la devolución total del IDH, que el gobierno de Morales utiliza para pagar la llamada “renta dignidad”, un plus jubilatorio para los mayores de 60 años.