Los llamados al cierre del Congreso y la salida de la presidenta Dina Boluarte se multiplicaban ayer en Perú, donde las protestas abarcaron Lima y los bloqueos persisten en el sur andino, afectando la turística ciudad de Cusco y el tren a Machu Picchu.
Perú vivió ayer su décimo día consecutivo de manifestaciones y amaneció con Arequipa, segunda ciudad del país y cuna de revoluciones, prácticamente bloqueada al no tener comunicación terrestre con las vecinas regiones andinas de Cusco y Puno.
Las violentas protestas iniciadas hace un mes dejan hasta el momento 42 muertos, incluido un policía que fue quemado vivo por una turba, según la institución.
La jornada registró también nuevas marchas en Tacna, a 1.224 kilómetros al sureste de Lima, fronteriza con Chile, país vecino que tuvo que cerrar temporalmente su paso el jueves “debido a las manifestaciones en las cercanías del complejo fronterizo peruano de Santa Rosa”, informaron las autoridades chilenas.
Gobernadores regionales y varios colegios profesionales del Perú se sumaron al pedido de que la presidenta Boluarte renuncie.
“¿Cuántos muertos más va a costar la permanencia de Dina Boluarte en la presidencia? Eso debemos preguntarnos todos los peruanos, de izquierda o de derecha. Ningún cargo puede estar por encima de la vida humana”, dijo el gobernador de Puno, Richard Hancco. En el mismo sentido se pronunciaron autoridades de las regiones andinas de Apurímac y Cusco y 12 colegios departamentales de abogados y el Colegio Nacional de Profesores.
La parlamentaria opositora Susel Paredes afirmó en una entrevista de radio que la renuncia de Boluarte “se está madurando” y aseguró que la dimisión el jueves del ministro de Trabajo, Eduardo García, “es el principio del fin”.
El bloqueo de varias carreteras por manifestantes, en especial en el sur del país, también se ha extendido a zonas de la selva. El jueves por la noche, en la región amazónica Madre de Dios, frontera con Brasil y Bolivia, hubo movilizaciones y una turba lanzó piedras y causó algunos destrozos a la casa de un congresista.
Demandas políticas. “Cierre del Congreso ya. Nueva Constitución”, “Dina, asesina, renuncia enemiga”, son consignas en las pancartas que se alzan en marchas y bloqueos en varias regiones del sur del país, históricamente marginado, y que el jueves se hicieron sentir en el centro de Lima, donde se registraron algunos incidentes con las fuerzas del orden.
Las demandas incluyen el pedido de elecciones inmediatas este año, en lugar de abril 2024, así como la convocatoria a una Asamblea Constituyente que reclaman desde 2021 los partidos de izquierda y organizaciones campesinas.
A ello se suman los reclamos de la población y familiares de víctimas de justicia y sanción para los responsables de las más de 40 muertes registradas en enfrentamientos con las fuerzas del orden, desde hace un mes. Además de 42 muertos, hay 531 heridos –355 civiles y 176 agentes de la policía– y 329 detenidos, según la fiscalía que esta semana pidió una investigación por “genocidio” contra Boluarte y miembros de su gabinete.
En una crisis intensa, sin luces de resolverse por ahora, en el Cusco, meca del turismo, las autoridades tuvieron que cerrar el aeropuerto por seguridad ante una escalada de protestas violentas desde inicios de esta semana, que provocó además la suspensión de las operaciones del tren a Machu Picchu, atracción turística internacional.
El saldo trágico de 42 muertos provocó un llamado de Estados Unidos a la “moderación” a todas las partes, mientras una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) está en Perú evaluando la crisis.
El izquierdista Castillo fue destituido por el Congreso y apresado el 7 de diciembre tras un fallido autogolpe, al intentar cerrar el parlamento, intervenir la justicia y gobernar por decreto. Lo reemplazó Dina Boluarte, de 60 años, su vicepresidenta.
Castillo, que era investigado por corrupción, cumple 18 meses de prisión preventiva dictados por un juez bajo cargos de rebelión.
Hasta ahora, las regiones del norte de Perú, donde están asentadas, en gran parte, las industrias que son pilares de la economía peruana, minería y agroexportación, se mantienen sin manifestaciones.
¿Hay salida? Después de una tregua a finales de diciembre, las protestas se reanudaron la semana pasada, con un giro en las demandas en las calles que en diciembre pedían la liberación de Castillo. Mantienen, además, el reclamo de instalación de una Asamblea Constituyente.
Sin embargo, ahora hay un contundente llamado al cierre del Congreso, institución a la que se culpa de haber hecho oídos sordos al pedido popular de elecciones anticipadas, que resolvieron fijar para abril de 2024 y descartaron la fecha de diciembre de 2023 que apoyaba también Boluarte.
El gobierno culpa de la situación a “azuzadores profesionales financiados por dinero ilegal”. El primer ministro, Alberto Otárola, ha descartado tajantemente la posibilidad de que Boluarte renuncie.
Boluarte llama a un “diálogo nacional por la paz social”
Agencias
La presidenta peruana, Dina Boluarte, subrayó que su gobierno trabaja para poder convocar en breve elecciones generales y llamó a un “diálogo nacional por la paz social, la reconciliación, el crecimiento económico y el desarrollo”, que incluya a todos los sectores, sin exclusiones.
En medio de la ola de protestas tras la destitución del expresidente Pedro Castillo, en las que han muerto al menos 42 personas, Boluarte destacó que tiene “la obligación de garantizar la vida y los derechos de mis compatriotas” que, aseguró, en su mayoría, apuestan “a vivir en paz, orden y tranquilidad”.
“Por eso, es un imperativo que, en el marco del respeto a la ley y al Estado de derecho, tenemos que restablecer el orden público y, al mismo tiempo, fortalecer, como gobierno, nuestra capacidad de respuesta a las necesidades de la ciudadanía”, afirmó Boluarte.
La presidenta peruana participó ayer en forma virtual de la Cumbre de la Voz del Sur Global, una iniciativa del primer ministro de la India, Narendra Modi, en el marco de la presidencia del G20 que dicho país ejerce por un año desde el 1 de diciembre de 2022, y que busca coordinar las posiciones de los países en desarrollo ante el Grupo.
Luego de lamentar la muerte de civiles y de un policía en las violentas protestas, Boluarte destacó que su gobierno seguirá “apostando por el multilateralismo, la vigencia del Estado de derecho y la preservación de una democracia que atienda las necesidades ciudadanas más urgentes, en especial de los más vulnerables”.
Juliaca sigue enterrando a las víctimas de la represión
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Juliaca, ciudad peruana de 260 mil habitantes, continuaba ayer con el ritual de sepultar a 19 personas, incluido un policía, que murieron esta semana a causa de las violentas protestas que piden la renuncia de la presidenta Dina Boluarte.
Jhamileth Aroquipa, estudiante de psicología de 17 años, y Elmer Leonardo, aspirante a futbolista de 16, fueron los fallecidos más jóvenes en esta localidad de la región de Puno, en la frontera con Bolivia, epicentro de manifestaciones antigubernamentales.
“Me duele la pérdida a tan temprana edad. La impactó una bala de nueve milímetros y no puede ser posible. Nosotros no hemos ido a las protestas, somos unas personas pacíficas”, se lamentó Demetrio Aroquipa, padre de Jhamileth, mientras acompañaba el cadáver de la adolescente.
“Mi hija se ganaba la vida esforzándose en sus estudios. Fuimos a comprar. Estábamos a dos cuadras de la protesta y mira lo que pasa, regresamos sin mi hija”, dijo el hombre en alusión a la estudiante de segundo ciclo de psicología en una universidad de Cochabamba, Bolivia.
Elmer soñaba con ser futbolista en una región que suele dar pocos profesionales en ese deporte. “Él tenía un sueño muy grande: cumplir los 17 años y viajar internacionalmente para representar a Puno”, señaló su amiga Ruth Karina Meza, de 18 años.
“Su mamá se fue a vender salteñas (empanadas a base de harina) y como no contestaba el celular, él, en su desesperación, fue a buscarla. Fue en busca de la mamá y le metieron una bala por la espalda”, narró la joven.
Como los Aroquipa y los Leonardo, otras 17 familias lloran a sus muertos de entre 16 y 40 años en Juliaca, una de las ciudades donde más ha impactado la violencia desatada desde que el 7 de diciembre fue destituido el presidente Pedro Castillo y reemplazado por su hasta entonces vicepresidenta, Dina Boluarte.
En Juliaca también murió, calcinado, el policía José Luis Soncco, hasta ahora único miembro de las Fuerzas Armadas que ha perdido la vida en los disturbios.
