Las protestas en Angola por el aumento del precio del combustible dejaron un saldo de al menos 22 personas fallecidas y más de 1.200 detenidos en tres días de violencia que comenzaron el pasado lunes. A partir de la decisión del gobierno de subir un 33% el precio del combustible diesel, tomada a principios de mes con el objetivo de aliviar la fuerte presión que generan los costosos subsidios sobre las finanzas públicas nacionales.
Al impactar directamente en el sector del taxi, las tarifas de los conocidos como candongueiros se duplicaron y el aumento en los costos del transporte elevó el precio de alimentos y productos básicos. La Asociación Nacional de Taxistas de Angola (ANATA) convocó a una huelga que fue apoyada por miles de personas, y aunque al principio fue pacífica, luego derivó en saqueos, vandalismo y enfrentamientos con la policía.
La oficina del presidente Joao Lourenço publicó un comunicado oficial donde confirmó el número de víctimas fatales y reportó que al menos 197 personas resultaron heridas en los disturbios que comenzaron en la capital, Luanda, y se extendieron a seis provincias del país. Ante las protestas, el gobierno, que respondió con una fuerte represión, acusó a los manifestantes de intentar desestabilizar el país y arruinar las celebraciones por los 50 años de independencia.
Aunque la ANATA se distanció de los episodios violentos, confirmó que la huelga continuará hasta que el gobierno dé marcha atrás con la suba del combustible. Durante las manifestaciones, unas 2.000 personas respondieron al llamado de organizaciones civiles para expresar su rechazo al alza y denunciar el fuerte impacto que esta medida tiene sobre el poder adquisitivo de la población.
De forma reiterada, los manifestantes corearon consignas contra el partido gobernante por su corrupción y expresaron su rechazo al segundo mandato de Joao Lourenço, a quien acusan de agravar la crisis económica del país.
Alta inflación, pobreza y desempleo juvenil
La economía de Angola depende en gran medida de la exportación de petróleo, que representa cerca del 90% de sus ingresos externos. A pesar de esta riqueza, el país mantiene graves niveles de desigualdad: más del 40% de la población vive en la pobreza y la tasa de desempleo supera el 30%, según cifras oficiales. Sumado a esto, el salario mínimo equivale a 75 dólares mensuales, un ingreso por debajo del costo de vida en las principales ciudades del país.
Angola produce en promedio 1,1 millones de barriles diarios, lo que lo posiciona como el tercer mayor productor de África, detrás de Nigeria y Libia. Las ganancias del sector, sin embargo, no se distribuyen de manera equitativa. Gran parte de los beneficios queda en manos de empresas estatales y petroleras extranjeras como TotalEnergies y ExxonMobil, que concentran la actividad en las principales zonas de extracción.
El contraste entre la riqueza petrolera y las condiciones de vida fue uno de los principales reclamos en las protestas de esta semana. A su vez, se cuestionó el papel del partido oficialista Movimiento Popular para la Liberación de Angola, que gobierna desde 1975, y del presidente João Lourenço, quien fue reelegido en 2022.
Asímismo, el país atraviesa un plan de reformas económicas bajo supervisión del Fondo Monetario Internacional (FMI), que incluyó recortes de subsidios y aumentos en los combustibles, generando un fuerte impacto en el poder adquisitivo. El aumento de la inflación, el alto desempleo juvenil —que supera el 50%— y la falta de servicios básicos en muchas zonas rurales alimentaron el descontento social.
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Tras años de reclamos, sectores de Angola vienen exigiendo cambios estructurales, transparencia en los recursos públicos y mejoras en las políticas sociales, como ocurrió también en las protestas de noviembre de 2020 en Luanda.
MV/MU
