La Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) resolvió esta noche rechazar el ultimátum del gobierno de México para que entregue las zonas que tiene ocupadas en la capital del estado ubicado al sur de México.
El portavoz de la APPO, Florentino López, tras informar el rechazo acordado en asamblea, señaló que, sin embargo, decidieron proponer a la Secretaría de Gobernación el establecimiento de una "mesa de negociación" para resolver el conflicto que lleva 160 días y cuya principal reivindicación es que renuncie el gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz.
Después del últimatun que ordenó el presidente Vicente Fox contra los manifestantes y ante la llegada de más de seis mil efectivos de las fuerzas federales mexicanas, se temía que durante la noche se produjera una violenta represión en la ciudad para despejar el Zócalo, el sitio donde se concentran los huelguistas. Mientras tanto, los dueños de los negocios cerraron sus locales y los residentes se preparaban para posibles enfrentamientos callejeros.
Es que, en medio de este clima tenso, el Gobierno mexicano exigió a la APPO “la entrega inmediata de las calles, plazas, edificios públicos y bienes de propiedad privada” que tiene tomados en esa ciudad sureña.
El Gobierno hizo público este mensaje después de que la APPO, una heterogénea plataforma de organizaciones civiles que exige la renuncia del gobernador Ruiz, anunciara que reforzaría sus barricadas ante la llegada de las tropas federales enviadas hoy por el presidente Fox.
El ultimátum oficial exigió que la APPO abandone las barricadas y los edificios públicos ocupados para que “la autoridad federal pueda, como único objetivo, garantizar el orden público y la vigencia de la ley”. También, según el documento, el pedido del Gobierno mexicano tiene como objetivo “preservar el pleno respeto a las garantías individuales de la población de la capital del estado, destacando el libre tránsito y los derechos de propiedad, libre expresión y manifestación”.
El arribo de los uniformados. Las fuerzas federales comenzaron a llegar esta tarde a Oaxaca, al sur de México, poco después de los graves incidentes que tuvieron lugar ayer y en el que murieron cuatro personas y resultaron heridas otras veinte. El envío se produjo poco después que el presidente de México, Vicente Fox, diera esta orden en respuesta al “recrudecimiento de la violencia” en la ciudad sureña.
Los incidentes se produjeron cuando grupos de individuos aún no identificados, aparentemente seguidores del gobernador Ulises Ruiz, dispararon contra los manifestantes. La ciudad se mantenía entonces en una tensa espera, al tiempo que los dirigentes de la APPO realizaban un llamado a “la resistencia” por los medios de comunicación.
En el camino del aeropuerto al centro de la ciudad de Oaxaca –a unos ocho kilómetros– los asambleístas que exigen la renuncia del gobernador se mantienen en “alerta máxima” y levantaron decenas de barricadas. Además, por medio de la emisora los miembros de la APPO llamaron a colocar vehículos de carga en los caminos de acceso a la ciudad e intentar evitar el avance de las fuerzas de seguridad.
Las primera tropas de la Policía Federal Preventiva comenzaron a llegar por tierra con el fin de reunirse a lo largo de tres poblados que abarcan unos 50 kilómetros de la ruta entre México-Oaxaca, y por vía aérea en aviones Hércules cuyos efectivos (unos 500) tomaron el control de la terminal aérea.
Los docentes y los miembros de la APPO) son escépticos respecto de la actitud "preventiva" de las fuerzas federales, y recuerdan como antecedente la represión que este cuerpo realizó en la localidad de Atenco, cercana al Distrito Federal, el último 3 y 4 de mayo.
Bradley Roland Will, un camarógrafo estadounidense del sitio Indymedia Nueva York, un maestro y dos vecinos de Oaxaca fueron asesinados el viernes, cuando también se registraron 23 heridos, según informó el diario mexicano La Jornada .
Los manifestantes denunciaron que los hombres fueros muertos por los disparos de “paramilitares priistas”, en referencia al Partido Revolucionario Institucional (PRI) que gobierna la ciudad.
El conflicto de Oaxaca comenzó hace cinco meses con una huelga de unos 70 mil maestros y que se radicalizó después de una represión violenta, sumándose el apoyo de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) que aglutina a unas cincuenta organizaciones sociales.
Flavio Sosa, dirigente de la APPO destacó que nunca se ha respondido con violencia e indicó que la decisión de la Presidencia de enviar fuerzas federales para resolver el conflicto en Oaxaca, “se trata de una ocupación”. El líder destacó así que su movimiento “es pacífico” y denunció que “los pistoleros se encuentran del otro lado”.
