Estos son los principales puntos de ese decreto:
- El Estado recupera la propiedad, la posesión, el control total y absoluto de todos los recursos hidrocarburíferos.
- Las empresas petroleras que realizan actividades de producción de gas y petróleo están obligadas a entregar la propiedad a la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
- YPFB, en representación del Estado, asume su comercialización, definiendo las condiciones, volúmenes y precios, tanto para el mercado interno, la exportación y la industrialización.
- Sólo podrán seguir operando en el país las compañías que acaten inmediatamente las disposiciones del decreto de nacionalización, hasta que en un plazo no mayor a 180 días (que se vencen este sábado 28 de octubre) se regularice su actividad mediante nuevos contratos.
- Las compañías que no hayan firmado nuevos contratos no podrán seguir operando en el país.
- Para garantizar la continuidad de la producción, YPFB tomará a su cargo la operación de los campos de las compañías que se nieguen a acatar o impidan el cumplimiento de lo dispuesto en el decreto.
- Durante el período de transición (mayo 1 a octubre 28 de 2006), el valor de la producción se distribuye de la siguiente manera: 82% para el Estado y 18% para las compañías, porcentaje que cubre el costo de operación, amortización de inversiones y utilidades.
- El Ministerio de Hidrocarburos debe determinar caso por caso, mediante auditorías (que se iniciaron en julio pasado), las inversiones realizadas por las compañías, así como sus amortizaciones, costo de operación y rentabilidad obtenida en cada campo. Los resultados servirán de base a YPFB para determinar la retribución o participación definitiva correspondiente a las compañías en los nuevos contratos.
- El Estado recupera su plena participación en toda la cadena productiva del sector de hidrocarburos.
