Lula Da Silva adelantó el pago del subsidio Bolsa Familia en un movimiento para sumar votos de cara al balotaje contra el senador Flávio Bolsonaro, en una jornada donde las encuestadores arrojan resultados equiparados entre los contrincantes políticos luego del debate presidencial.
El beneficio Bolsa Familia es un histórico bastión de fortaleza, con que el mandatario del Partido de los Trabajadores ha sabido cosechar votos. Hasta este aumento, era equivalente a $117 dólares, lo que resultó para explicar el “voto castigo” que recibió el presidente en la primera vuelta. Luego de la suba que lo llevó a $134 dólares o 691 reales, la encuestadora Datafolha afirma que los sectores que perciben el beneficio han vuelto a depositar su confianza en el gobierno, por encima de Bolsonaro.
El avance del mandatario en las encuestas y el estrechamiento de la contienda electoral responden, entre otros factores, a la promulgación de la ley que fija dos feriados pagos como en Argentina en la semana laboral y establece un límite de ocho horas por jornada. A esto se suma que Bolsonaro no habría sabido sostener la ventaja que lo posiciona como favorito tras la primera vuelta, reduciendo la diferencia de cuatro puntos a solo dos o uno, e incluso con sondeos que le otorgan la victoria al líder del PT.
En un intento por ganar terreno en ese mismo espacio y neutralizar la iniciativa del mandatario, el opositor propuso aumentar el período de transición de 18 meses a dos años, el límite vigente hasta el año pasado, para que los beneficiarios del Bolsa Familia continúen recibiendo el subsidio tras haber registrado un incremento en sus ingresos. Sin embargo, el planteo tuvo un armado muy fallido que desencadenó una fuerte controversia.
Daniella Marques, coordinadora general del plan de gobierno del candidato del Partido Liberal, intentó detallar la medida al explicar: “Quienes participan en el programa Bolsa Família tendrán un período de transición de dos años para que puedan iniciar su propio negocio o aceptar un empleo formal, con reincorporación automática si las cosas no salen bien. Nadie puede quedarse atrapado en el programa Bolsa Familia para siempre”.
La declaración generó una inmediata polémica y una reacción negativa, ya que se entendió que el plan duraría solo dos años en cualquier circunstancia, al margen de si mejoraban o no los ingresos de los beneficiarios. De inmediato, el comentario se convirtió en una herramienta de ataque para el oficialismo, donde Camilo Santana, uno de los portavoces de la campaña de Lula, criticó duramente la intención del equipo opositor durante un discurso ante los periodistas en la sede del PT.
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"El coordinador económico del candidato Flávio Bolsonaro afirmó que los beneficiarios del programa Bolsa Família serían excluidos en un plazo de dos años. Esto demuestra claramente de dónde pretende recortar sus 200 mil millones de reales del 'tesoro'", declaró Santana para cargar contra la propuesta de la oposición.
En respuesta a las acusaciones, Marques y Bolsonaro publicaron videos en las redes sociales afirmando que se trataba de noticias falsas difundidas por la campaña del presidente Lula. Pese a los intentos de aclaración, la explicación no alcanzó inmediatamente para despejar la controversia política desatada en torno al subsidio.
Cabe recordar que, durante su gobierno, Jair Bolsonaro, padre del actual candidato, había anulado el programa Bolsa Familia para reemplazarlo por uno similar denominado Auxílio Brasil. Dicho esquema contaba con una renta superior a la de la administración petista debido al impacto social del subsidio y la urgencia por garantizar apoyos económicos en la base de la pirámide social.
Los detalles del aumento para alcanzar la victoria en el balotaje
El gobierno de Lula da Silva dispuso un incremento del 15% en los montos del programa asistencia social Bolsa Família, llevando la prestación promedio de 600 a 691 reales mensuales. La medida impacta de manera directa sobre más de 20 millones de familias en todo el territorio brasileño a pocas semanas del balotaje presidencial.
Desde el Poder Ejecutivo argumentaron que el reajuste busca compensar el impacto de la inflación acumulada sobre el poder adquisitivo de los sectores de menores recursos, tras haber completado una auditoría y purga en el padrón oficial de beneficiarios. Asimismo, las autoridades remarcaron que la ampliación de la partida cuenta con el respaldo fiscal necesario dentro del presupuesto público.
La decisión generó un fuerte contrapunto con la oposición, desde donde cuestionaron la oportunidad del anuncio en medio de la contienda electoral. El oficialismo buscó consolidar su caudal de votos en la base de la pirámide social, un segmento donde históricamente el PT mantiene su mayor predicamento.
En paralelo, el Ejecutivo también definió una modificación en el calendario de desembolsos para anticipar las fechas de cobro previas a la votación. La combinación del aumento presupuestario y el adelantamiento de las fechas de pago reafirma el rol central de la política de contención social como la principal herramienta de disputa política entre los espacios candidatos.
