Desde San Pablo
Después de una larga e intensa jornada de incertidumbre, el ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva deberá presentarse hoy a la Policia Federal para cumprir una sentencia de 12 años y un més de carcel por crimen de corrupción. Hace dos años, cuando el Lava Jato ya había llevado a la prisión políticos y empresarios involucrados en un monstruoso esquema de coimas, esta escena se haría inimaginable.
Pero el asedio a Lula empezó a cerrarse desde entonces y ayer, luego de que el jueves el juez Sergio Moro ordenara su detención, no le dejó alternativa.
Esfuerzos. Lula hizo lo posible para evitar o posponer su prisión, secundado por uno de los más caros penalistas del país, José Roberto Batochio, ex presidente de la Orden de Abogados de Brasil (OAB). Su prisión disminuye a casi cero la posibilidad de su candidatura a la Presidencia en octubre, y, aún más, podrá dificultar su apoyo a cualquiera que sea el candidato del PT, su partido. Las chances hacer elegir a un compañero políticamente más débil, como hizo con Dilma Rousseff en 2010 y 2014, son mínimas.
La prisión de Lula, sin embargo, provocará una tormenta dentro del propio PT, que ha sido históricamente dependiente de su figura más carismática y poderosa. También es inevitable que agudice aún más la polarización política del país en este año de comicios generales. Como respuesta a la orden de prisión a Lula, el Movimiento de los Sin Tierra (MST) ha cortado cincuenta rutas en veinte Estados y hubo marchas del PT en todo el país.
El ex presidente fue condenado a nueve años y seis meses de prisión en julio de 2017 por Sergio Moro, el juez de Curitiba que lleva adelante todos los casos del Lava Jato, por haber cobrado coimas de la constructora OAS a cambio de tres contratos de obras favorables a la empresa. La coima fue un departamento tríplex en el balneario de Guarujá. En marzo, el Tribunal Regional Federal 4 (TRF-4), de Porto Alegre, confirmó la condena y la elevó a 12 años y un mes.
Después de que Moro ordenara su detención, el jueves, Lula se instaló en la sede del Sindicato de los Metalurgicos de San Bernardo do Campo. Allí pasó la noche, mientras esperaba las últimas acciones de sus abogados. A él se sumaron sus hijos, nueras y viejos compañeros del PT y de otros partidos de izquierda, como Dilma Rousseff o el probable candidato del PT a la Presidencia, Fernando Haddad, ex alcalde de San Pablo.
Miles de militantes de los organizaciones de izquierda aliadas del PT, como la Central Unica de los Trabajadores (CUT), el MST y del Movimiento de los Trabajadores Sin Techo, ocuparon las calles alrededor durante todo el día. Hasta el principio de la noche esperaban un discurso de Lula antes de entregarse a la policía. Pero las decisiones adentro del sindicato fueron otras.
Lula intentó ayer postergar al máximo su salida del sindicato rumbo a la cárcel. Durante casi todo el día, sus abogados esperaron la respuesta del Superior Tribunal de Justicia a un nuevo pedido de hábeas corpus, que fue denegado a las cuatro de la tarde.
Solo a partir de este momento, los abogados de Lula comenzaron a negociar con la Policía Federal las condiciones de prisión. El plazo límite de las cinco de la tarde, impuesto por Moro, no fue respetado.
Resitencia. “No habrá resistencia, pero no va a ir al matadero con la cabeza gacha, por libre y espontánea voluntad”, dijo Batochio. “No se trata de una rebelión. Es un derecho de la persona a preservar su libertad y no colaborar con cualquier acto que la pueda suprimir. Sin violencia, claro”, completó el abogado.
La Policía insistía en que Lula se entregara voluntariamente. El ex presidente y sus aliados preferían que lo fueran a buscar al sindicato, y evocar así su detención de 1980, también en abril, cuando desafió a la dictadura militar con una huelga.
Prisión postergada. A las ocho de la noche, la Policía Federal decidió no detener a Lula que, en principio, se presentará hoy después de asistir a una misa en recuerdo de su mujer, Marisa Letícia, que murió hace un año. Anoche no se sabía si iba a poder hablar en público durante la ceremonia.
Como último intento, sus abogados presentaron una queja a la Suprema Corte por no haber garantizado la libertad de Lula hasta la decisión de la Corte de Apelación sobre un último recurso en esta instancia. Este tipo de recurso, sin embargo, es históricamente denegado por esta Corte de Apelación, la misma que confirmó su condena. La Suprema Corte no se había manifestado hasta el cierre de esta edición.
La decisión que lo llevó a la cárcel había sido tomada en la primera hora del jueves, cuando la Suprema Corte decidió, por seis votos contra cinco, que todos los condenados en Corte de Apelación (segunda instancia de la Justicia) ya pueden ser presos para cumplir sus sentencias. Este era el mismo entendimiento de la Corte Suprema desde 2016, pero los aliados de Lula esperaban un posible cambio en esta decisión.
A pesar de las análisis de los aliados de Lula de que no hubo pruebas suficientes para su condena, el ex presidente ha tenido amplio derecho de defensa.
La única posibilidad de Lula para librarse de la condena depende de decisiones de dos altas cortes –el Superior Tribunal Federal y el Superior Tribunal de Justicia. La hipótesis de que sus abogados logren una decisión favorable es casi nula. El ex presidente puede, por lo menos, lograr la suspensión de su prisión si la Suprema Corte revierte su decisión en favor de la prisión de cualquier condenado en Corte de Apelación.
En Brasil, las condenas suelen ejecutarse en primera instancia. Solo aquellos con muchos recursos, como para contratar a caros penalistas, pueden extender los procesos.
