En el contexto de este gobierno liberal, consagrado al incentivo de la inversión extranjera, la reducción de las capacidades estatales, la inviolabilidad de la propiedad privada y el endeudamiento externo, la mayor parte de nosotros aguardaba una cadena nacional consistente con la estrategia reputacional de este gobierno para con los capitales privados occidentales, esto es: una solicitud de apoyo al gobierno de Estados Unidos en el marco de un entendimiento con el Reino Unido. Pero esto no sucedió.
Bienvenido sea: tarde es mejor que nunca, porque lo que tenemos en juego por delante es mucho más importante que la coherencia interrumpida del gobierno. Si la explotación de nuestro petróleo por parte de los usurpadores continúa su sendero de concreción, avanzamos hacia un poderoso emirato británico de ultramar que dificultará aún más la perspectiva de soberanía y desarrollo que la Argentina requiere, sólo posible bajo un gobierno diferente.
El martes 30 de marzo de 1982 bajo el lema de “Paz, Pan y Trabajo” una multitudinaria movilización popular se enfrentó a la dictadura militar, en un valiente acto de civilidad que enfrentaba las políticas económicas y sociales del régimen genocida impuesto en 1976.
El viernes 02 de abril, tan solo 3 días después buena parte de las personas y organizaciones que habían sido repelidas bajo represión el 30 de marzo volvieron a la Plaza de Mayo, en eufórica señal de apoyo a una causa nacional del pueblo argentino: la recuperación de las Islas Malvinas. Ese 2 de abril de 1982 no significó un acto de apoyo a la dictadura militar, sino un acto de apoyo a la soberanía sobre nuestras islas: “Malvinas sí, proceso no” fue parte de las consignas utilizadas durante el apoyo a la recuperación militar.
Trayendo el paralelismo al 2026, en los primeros días de agosto una gran manifestación popular logró frenar el proyecto presidencial de extranjerización de tierras y se expresó contra los lineamientos generales de la ley de “inviolabilidad de la propiedad privada”. Con la célebre tipografía “Malvinas sans” en la mayoría de las pancartas y convocatorias, la sociedad se movilizó siguiendo el instinto anticolonial y defensa de lo propio que tiene el pueblo argentino.
Semanas más tarde, el pasado jueves 03 de septiembre el presidente Javier Milei anunció por cadena nacional un giro de 180 grados en su política sobre la Cuestión Malvinas, anunciando la implementación de leyes argentinas que venía incumpliendo, a los efectos de sancionar a las empresas que operan ilegalmente en el territorio argentino ocupado por los británicos. Junto con ello, anunció el incremento de la inversión en defensa y la construcción de la postergada base naval integrada en Ushuaia como parte de una estrategia de incremento de costos a la ocupación británica en el Atlántico Sur.
Ante los anuncios de una nueva política para Malvinas por parte de este gobierno, ¿qué posición podría adoptar esta misma sociedad que ha sabido movilizarse en defensa de lo propio?
Si entendemos la Causa Malvinas como una causa nacional directamente vinculada a la soberanía integral de nuestro país la conversación sobre el cálculo político del gobierno es secundaria. Esto no implica olvidar que su gestión ha sido, durante los tres años que lleva de mandato, completamente desmalvinizadora. Por eso la vigilancia popular no solo debe evitar que lo anunciado quede en el discurso, sino que debe seguir empujando el resto de las reivindicaciones que se embanderan en la causa Malvinas. Es más, si efectivamente se pretende llevar adelante este cambio en la política sobre Malvinas, ello implica un compromiso con algo más que las sanciones económicas. Todos los componentes que la Argentina necesita reunir para ser una nación soberana y desarrollada exigen que este gobierno revise el conjunto de sus políticas y su propia mirada sobre el país.
Tal como afirmamos en un artículo previo para este diario, es necesario volver a centrar el tema Malvinas en el marco del debate por el desarrollo nacional. ¿Dentro de qué proyecto de desarrollo argentino están las Malvinas? ¿Qué rol jugarían en el desarrollo nacional si las tuviéramos, o qué rol van a jugar cuando las recuperemos? Y todas estas preguntas se vinculan directamente con la estrategia misma de su recuperación: ¿cuáles son las capacidades que Argentina debe construir para estar en condiciones de lograr una soberanía efectiva sobre el 25% de su territorio (Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur y espacios marítimos circundantes)?
Los discursos, los gestos y las sanciones a quienes operan en el Atlántico Sur son insuficientes si no construimos las capacidades económicas, productivas y militares que exige la soberanía efectiva sobre nuestras islas. Esa recuperación es inviable bajo un proyecto nacional sostenido en el endeudamiento, la destrucción de la industria y el empleo, la extranjerización de los recursos y el incremento de la pobreza. Cada componente del proyecto de Milei erosiona la Argentina autónoma y soberana que Malvinas nos demanda.
Las islas malvinas ya son hoy una economía de enclave dependiente de las licencias pesqueras, con uno de los PBI per cápita más altos del mundo. Eso le ha permitido a la población (británica implantada) no sólo dejar de ser un déficit presupuestario de la metrópoli (como sí lo es el gasto que conlleva el sostenimiento del complejo militar asentado en las islas), sino tener holgura para financiar campañas antiargentinas y lobby a su favor en la opinión pública británica, y en los países de la región.
Ahora bien, la explotación británica de nuestros yacimientos petroleros en la Cuenca Malvinas Norte transfiere una masa de recursos y poder a los ocupantes ilegales que sin duda fortalece su posición e intensifica la amenaza sobre las posibilidades argentinas de desarrollo y soberanía.
Los ingentes ingresos provenientes del petróleo les permitirían financiaren ad eternum, incrementar sus capacidades de poder e influencia y retroalimentar su posición en detrimento de nuestro reclamo de soberanía.
Dejar que las Malvinas se conviertan en un emirato petrolero británico de ultramar es resignarse a perderlas.
En tal sentido, la reacción no puede ser lenta. La Causa Malvinas no puede esperar al resultado de las elecciones de 2027 y un posible cambio de gobierno en 2028 (año de inicio eventual de la explotación efectiva de Sea Lion). La unidad argentina (a la que se estaría incorporando el actual gobierno) contra el “British Emirates” debe ser temprana y contundente. Debe dar por concluída la posguerra de Malvinas, abrazar todos los aspectos de la defensa revisionista y de desarrollo autónomo, en la medida que logremos avanzar en dicha dirección mediante el proceso político y democrático de reconstrucción nacional.
*Hernán Novara es economista (UBA), magíster en logística de proyectos de integración regional (ITBA) y asesor del sector privado de exportación.
**Mariana Altieri es licenciada en Ciencia Política y Doctora en Ciencias Sociales (UBA) y Magister en Estrategia y Geopolítica (UNDEF). Autora del libro “Malvinas y Gibraltar: Conflictos Atrincherados”
