Más problemas para el juez español Baltasar Garzón

Desde septiembre de 2008, el juez español Baltasar Garzón está investigando los crímenes ocurridos en su país durante la Guerra Civil y la dictadura del general Francisco Franco. Se trata de 114.000 desaparecidos o asesinados entre 1936 y 1937. El magistrado al principio argumentó que, por considerarse crímenes de lesa humanidad, no podían prescribir. Luego se excusó al reconocer que todos los responsables ya estaban muertos y la Justicia se opuso a la investigación amparándose en la ley de amnistía de 1977

Si bien Garzón -célebre por perseguir a violadores de los derechos humanos como el fallecido dictador chileno Augusto Pinochet- recibió críticas por su intento de investigar el franquismo, no esperaba que la causa se volviera en su contra. El juez de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Luciano Varela, lo acusó de " prevaricato", un delito equivalente al incumplimiento de los deberes de funcionario público, por intentar juzgar crímenes que ya habían sido amnistiados.

El juez Garzón pidió que la causa sea archivada y hasta reclamó que juristas internacionales acudan en su defensa. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Madrid tildó de "prematuro" el recurso del magistrado y dio via libre para que Varela l o siente en el banquillo de los acusados, ya que considera que "ni hay certeza sobre la inexistencia del delito, ni es arbitraria, ilógica o absurda una posible calificación acusatoria por prevaricación", según informó el diario español El País.

Ahora, Varela debe decidir si abre un juicio oral contra Garzón, contra lo cual el juez podría presentar un último recurso. Si el juicio oral se lleva a cabo, Garzón sería automáticamente suspendido en sus funciones por el Consejo General del Poder Judicial.

Como si fuera poco, Garzón sufrió un duro revés en el llamado Caso Gürthel, una investigación por presunta corrupción que involucra al derechista Partido Popular español y al empresario Francisco Correa. El juez había ordenado escuchas sobre los sospechosos, y el Tribunal Superior de Madrid dictaminó que las mismas fueron "ilegales" por vulnerar el derecho fundamental a la defensa, según el diario español El Mundo.