Hoy, ya nadie se acuerda, pero el 1º de diciembre de 2007, la Plataforma pel Dret a Decidir (PDD) –Plataforma por el Derecho a Decidir– convocaba su primera manifestación para reclamar el “derecho” a decidir democráticamente el modelo de país en materia de infraestructuras. Día tras día, miles y miles de usuarios del transporte público, la mayoría gente trabajadora del área metropolitana de Barcelona, sufrían la falta de inversión del Estado en la red de trenes de cercanías – RENFE. Fue entonces cuando se empezó a hablar de “el català emprenyat” –el catalán enfadado–. Casi ocho años más tarde, con más de un 77% de participación en las elecciones del 27 de septiembre, algo más de un 47% de votantes independentistas y 72 diputados a favor de la desconexión con España, el llamado “proceso” continúa. Actualmente, nadie discute la viabilidad económica de una Catalunya independiente; en cambio, el principal riesgo reside en quedarnos fuera de la Unión Europea. Entre el inmovilismo y el independentismo, otros defendemos la llamada tercera vía, es decir, una reforma constitucional que permita reconocer a Cataluña como nación, un pacto fiscal similar al concierto vasco y un blindaje de competencias en lengua y cultura
