Los actuales y crecientes conflictos entre Bolivia-Chile y Venezuela-Colombia no son excepciones a la regla de la mentada integración latinoamericana. Más de la mitad de los litigios intrarregionales presentados en la última década ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya corresponde a países de Latinoamérica. Las escaladas verbales entre los gobiernos de Evo Morales y Michelle Bachelet, y de Juan Manuel Santos y Nicolás Maduro –que esta semana tuvieron vidriera mundial en la Asamblea de la ONU–, forman parte de una lista más extensa de disputas bilaterales que las naciones de la región fueron incapaces de resolver “mano a mano”.
Entre 2005 y 2015, el tribunal de la CIJ trató 27 casos contenciosos, es decir, 27 controversias jurídicas entre dos Estados por motivos territoriales o políticos. De esa lista, 19 procedimientos fueron o son intrarregionales y otros ocho son interregionales. De los 19 casos, once involucran a países de Sudamérica y el Caribe, mientras que cuatro corresponden a Europa, dos a Africa, uno a América del Norte y uno a Asia. Entre los once litigios latinoamericanos hay cinco que ya fueron resueltos por la Corte y seis que siguen abiertos. El récord lo ostentan Nicaragua y Costa Rica, que en los últimos diez años se enfrentaron cuatro veces en el tribunal internacional.
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¿A qué se debe esta alta presencia relativa de Latinoamérica en La Haya? “La necesidad de establecer fronteras precisas se agudiza a medida que los países de la región intentan explotar recursos naturales en zonas fronterizas –explicó a PERFIL la abogada internacionalista Paz Zárate, abogada experta en litigios entre estados–. La CIJ se posicionó globalmente como la institución con mayor autoridad para solucionar este tipo de disputas. Aquellas que no versan sobre delimitación podrían ser susceptibles de solución no judicial, pero las instancias diplomáticas en América Latina han perdido el prestigio requerido para jugar el rol de tercero imparcial”.
La última novedad en torno al tribunal de La Haya tuvo lugar la semana pasada, cuando la Corte se declaró competente para dirimir el fondo de una demanda planteada por Bolivia que exige un acceso soberano al océano Pacífico que perdió en 1879 tras una invasión chilena. Por su parte, los chilenos argumentan que fueron los bolivianos quienes provocaron la guerra del Pacífico al violar un tratado limítrofe. Y que todo quedó resuelto en el Tratado de Paz de 1904, de modo que ahora el tribunal de La Haya no tiene nada que decir al respecto.
Pero lo cierto es que el conflicto se discute en una corte internacional radicada en Europa, y no en alguna capital latinoamericana. “La CIJ tiene varias ventajas en relación con otros medios de solución de controversias –agregó Zárate, quien intervino como consultora en seis casos tratados por el tribunal de La Haya–. Se trata de un tribunal estable, inserto en la estructura de la ONU y con una jurisprudencia que ha sido objeto de estudio sistemático”. En otras palabras, la CIJ ofrece recursos jurídicos de los que carecen los organismos diplomáticos latinoamericanos.
