El debate y la votación del plan oficialista para evitar la prescripción de los delitos cometidos por la dictadura uruguaya (1973-1985), pospuesto por el Senado, volvió a polarizar la política uruguaya en dos bloques claramente opuestos.
De acuerdo con la agencia EFE, el aplazamiento de la sesión del Senado prevista se debió a motivos "técnicos" y a la intención de que todos los senadores tuvieran tiempo de informarse y reunirse con sus compañeros de filas para analizar su voto.
Durante los últimos días, representantes de todas las fuerzas políticas expresaron su opinión al respecto: una postura irreconciliable entre el oficialista Frente Amplio (FA), impulsor de la medida, y los opositores Partido Nacional y Partido Colorado. Así, mientras que para los primeros el plan traza una línea entre los que quieren terminar con la impunidad y los que no, para la oposición supone un atentado a la Constitución y al Estado de Derecho.
En declaraciones al diario uruguayo El País, el diputado oficialista Víctor Semproni consideró que la discusión sobre este proyecto "es profundamente política" y se divide entre los que quieren resolver "el problema de la verdad y la justicia" y los que "están defendiendo la impunidad y buscan artilugios de carácter judicial para ponerle trabas a esta propuesta".
Por su parte, el senador del Partido Nacional Gustavo Penadés dijo a la agencia española que su partido votará en contra de la iniciativa porque, a su juicio, "violenta la Constitución y varios principios fundamentales del estado de derecho como la no retroactividad de la ley penal", al tiempo que señaló que con las normas vigentes aún es posible "proseguir las investigaciones y resarcir a las víctimas".
"Uruguay no necesita declarar imprescriptibles esos delitos, porque eso ya está incorporado al ordenamiento jurídico. Sólo al Poder Judicial le corresponde decidir en ese tema y decidir en cada caso si corresponde la prescripción o no. Las investigaciones y compensaciones se pueden seguir dando, porque es un reconocimiento civil", indicó.
La ley pretende considerar como delitos de lesa humanidad todos los crímenes cometidos durante la dictadura y evitar así la prescripción de los mismos, prevista para el próximo 1 de noviembre.
El FA tiene mayoría parlamentaria en ambas cámaras, por lo que se estima que no habrá ningún problema a la hora de conseguir los apoyos para la medida, que consta de cuatro artículos y apunta a restablecer "la pretensión punitiva del Estado" para todos los delitos cometidos por agentes del aparato estatal desde 1973 hasta marzo de 1985, cuando Uruguay recuperó la democracia.
Al tiempo, los declara estos delitos como crímenes contra la humanidad, tal y como señalan los tratados internacionales firmados por Uruguay. De este modo se evitará así la prescripción automática el día 1 de noviembre de los delitos de torturas, violaciones, asesinatos y secuestros cometidos por la dictadura, tal y como había estipulado en mayo pasado la Suprema Corte de Justicia (SCJ) al declararlos "ilícitos comunes".
Además, la norma eliminaría las restricciones impuestas por la ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, que fue aprobada por los uruguayos en dos referendos (el último en 2009) e impide juzgar los crímenes cometidos por uniformados en ese período.
Esta votación coincide con la aparición el pasado viernes de restos humanos en un cuartel militar en el que la Justicia buscaba detenidos desaparecidos en el marco de la causa por la desaparición de María Claudia García de Gelman y la supresión de identidad de su hija, Macarena Gelman, nuera y nieta, respectivamente, del poeta argentino Juan Gelman.
En marzo, Uruguay fue condenado por primera vez por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) por este delito. A partir de ello, está obligado llevar ante la Justicia a los responsables de esos delitos y a considerarlos como crímenes de lesa humanidad.
