El obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, crítico del gobierno de Daniel Ortega que permaneció retenido durante dos semanas en la curia, fue trasladado ayer a Managua por la Policía y colocado bajo “resguardo domiciliar”.
“El señor obispo se mantiene en resguardo domiciliar en esta ciudad capital”, dijo la Policía en un comunicado, aunque no precisó de quién era el domicilio. “Ha podido reunirse con sus familiares esta misma mañana”, así como con el cardenal y arzobispo de Managua, Leopoldo Brenes, agregó.
La entidad explicó que fue trasladado desde la curia de Matagalpa, en el norte del país, a Managua “con respeto y observación de sus derechos”, aunque Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), dijo que la intervención policial en la curia se produjo “con violencia”.
La Policía precisó que tomó la decisión de trasladar a Álvarez de la curia de Matagalpa debido a que el obispo persistía en sus actividades “desestabilizadoras y provocadoras”.
Asimismo, el texto indica que “las personas que permanecían en esa Casa-Curia fueron trasladadas con respeto y observación de sus derechos”. Ocho sacerdotes, seminaristas y un laico permanecían con Álvarez en la curia y también están en Managua. Todos están bajo investigación.
La propia diócesis de Matagalpa alertó en la madrugada del ingreso de la Policía a la residencia del obispo. “SOS. Urgente. En estos momentos la Policía Nacional ha ingresado a la Curia Episcopal de nuestra Diócesis de Matagalpa”, publicó en su cuenta de Facebook.
El Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (Celam), dijo en Twitter que a las tres de la mañana la policía “irrumpió en la casa cural llevándose con rumbo desconocido a monseñor Rolando Álvarez, junto con otras ocho personas, entre ellas sacerdotes y laicos”. En tanto, la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) invitó a orar por el obispo.
“Secuestro nocturno”. Más temprano, monseñor Silvio Báez, obispo adjunto de Managua, condenó desde Miami a través de Twitter lo que llamó “el secuestro nocturno” de Álvarez. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también había pedido información sobre su paradero.
“Qué indignante, se han llevado a monseñor Rolando Álvarez, con los sacerdotes que estaban con él. Basta ya de tanto silencio!, hablen quienes tienen que hablar y dar la cara, a eso se le llama pecado de omisión”, dijo el sacerdote Edwing Román, exiliado en Miami, en redes sociales.
“Sucedió lo que era evidente que iba a suceder. Es la detención arbitraria y abusiva del monseñor Álvarez”, comentó por su parte, también desde Miami, el defensor de derechos humanos Pablo Cuevas.
Álvarez estaba sitiado en la curia por la Policía desde el 4 de agosto, después que denunciara el cierre por parte de las autoridades de cinco emisoras católicas y reclamara al gobierno de Daniel Ortega respeto a la “libertad” religiosa.
La policía había dicho que la Diócesis de Matagalpa era investigada por intentar “organizar grupos violentos” e incitar al “odio” para “desestabilizar al Estado de Nicaragua”.
“Nosotros estamos en las manos de Dios”, había dicho el prelado el jueves.
Tensión. La situación con el obispo ocurre en medio de los roces de la Iglesia con el gobierno de Ortega, un ex guerrillero de 76 años que se mantiene en el poder desde el 2007, amparado en tres reelecciones sucesivas, la última en noviembre del 2021, con sus opositores presos o exiliados y en medio de cuestionamientos internacionales.
El presidente acusa a los obispos de “golpistas” por apoyar las protestas opositoras que pidieron su dimisión en 2018.
En medio de la crisis, la Iglesia intentó en 2018 y 2019 mediar un diálogo entre el gobierno y la oposición. El mandatario reprochó a los obispos haber acogido una propuesta opositora que buscaba resolver la crisis adelantando los comicios del 2021 para recortar su período presidencial. Desde entonces, las relaciones han ido en deterioro. Este año hubo cierre de medios católicos, entre ellos el canal de la Conferencia Episcopal, y la reciente detención del sacerdote Oscar Benavídez, de la diócesis de Siuna, que atiende las parroquias del Caribe norte de Nicaragua, fue detenido el 15 de agosto, sin que se conozcan las razones.
También se ilegalizó a la Asociación Misioneras de la Caridad, de la orden de la madre Teresa de Calcuta, que abandonó el país en julio. Las monjas dejaron a pie el país rumbo a Costa Rica. En marzo ya había sido expulsado el nuncio apostólico, Waldemar Sommertag, quien participó en 2019 en las negociaciones entre gobierno y la oposición.
El miércoles, 26 ex jefes de Estado o gobierno de España y América Latina publicaron un llamado al papa Francisco –que no se ha manifestado en público sobre la situación– a adoptar “una firme postura de defensa del pueblo nicaragüense y su libertad religiosa”.
La “primitiva dictadura de los Ortega-Murillo” (en alusión a su esposa y vicepresidente Rosario Murillo) avanza “hacia la persecución de los líderes episcopales católicos, los sacerdotes y las religiosas”, deploran los estadistas de tendencia conservadora, entre ellos José María Aznar (España), Iván Duque y Álvaro Uribe (Colombia) o Luis Lacalle Herrera y Julio María Sanguinetti (Uruguay).
Por su parte, el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Oscar Ojea, envió una carta al cardenal Brenes, el arzobispo de Managua y primado de Nicaragua, para expresarle su “cercanía fraterna” en medio del hostigamiento del gobierno de Ortega, informó la agencia Vatican News. “Seguimos con preocupación la situación de la Iglesia en tu país”, afirma Ojea en nombre de los obispos argentinos en la carta, en la que expresa que oran “para que puedan llevar adelante el ministerio pastoral, sin restricciones de ninguna índole”.
El titular de los obispos argentinos encomienda al primado nicaragüense a la Santísima de Luján, patrona de la República Argentina. “En su ternura, sostiene en la misiva, encontramos consuelo y fortaleza”.
La ONU está “muy preocupada”
Agencias
El secretario general de la ONU, António Guterres, se ha mostrado “muy preocupado” por la represión ejercida desde el gobierno de Nicaragua sobre organizaciones y personalidades de la sociedad civil, entre ellas varias vinculadas a la Iglesia Católica.
La Policía de Nicaragua ha emprendido en las últimas semanas operaciones sobre líderes religiosos, la última de ellas ayer en la diócesis de Matagalpa, lo que se ha traducido en la detención del obispo Rolando Álvarez.
Para Guterres, citado en rueda de prensa por uno de sus portavoces, las informaciones llegadas desde Matagalpa en las últimas horas no hacen más que “subrayar” las “preocupaciones” que ya tiene la ONU sobre el empeoramiento de los Derechos Humanos en el país centroamericano.
Por este motivo, ha llamado a respetar los derechos de “todos los ciudadanos”, con especial vigilancia en el de reunión y en las libertades de asociación y credo, entre otras, según el portavoz Farhan Haq.
La ONU también ha reclamado la excarcelación de todas las personas detenidas “arbitrariamente” en estos últimos meses, fruto en gran medida de una ola represiva que comenzó tras las protestas de 2018 y se agudizó en las semanas previas a las elecciones presidenciales de 2021.
