Reconocer los delitos cometidos, declararse culpable y devolver una parte del dinero robado, a condición, eso sí, de no pisar la cárcel, es lo que ofrece Iñaki Urdangarín a la Justicia Española, que podría llegar a juzgarlo por los delitos de malversación de fondos, prevaricación, tráfico de influencias fraude a la Administración y falsedad documental.
Según diarios españoles, el yerno del rey Juan Carlos de España y su antiguo socio, Diego Torres, solicitaron a sus abogados que plantearan a la Fiscalía este “pacto” que persigue el mismo objetivo: colaborar con la justicia. A cambio de reconocer su responsabilidad, la Fiscalía solicitaría para Urdangarín una pena inferior a dos años de cárcel, y dado que no tiene antecedentes penales, eludiría la cárcel.
"Desde hace unas semanas", afirmó el diario El País, "Urdangarín y el que fue su mano derecha tratan de alcanzar una entente. Por ahora, sus posiciones son distantes, según fuentes conocedoras de las negociaciones. Ese posible pacto pasa por devolver el dinero presuntamente malversado e implica el pago, de forma solidaria, de unos 3,5 millones de euros por los daños causados a la Administración".
El abogado de Iñaki Urdangarin, Mario Pascual Vives, sin embargo, negó haber tenido contacto con la Fiscalía Anticorrupción en relación con un eventual pacto: “Ni formal ni informalmente, he mantenido ningún tipo de contacto o relación con la Fiscalía y con sus ilustres representantes en Palma de Mallorca en relación a ningún tipo de conformidad ni acuerdo”.
El abogado de Torres, Manuel González Peeters, también se comprometió con el fiscal a que su cliente devolviera parcialmente los fondos públicos obtenidos de forma fraudulenta por el Instituto Nóos y más tarde desviados a un entramado empresarial controlado por los dos ex socios. Tanto la Fiscalía Anticorrupción como el sindicato Manos Limpias, sin embargo, mantienen en pie su pretensión de solicitar una fianza millonaria para el esposo de la infanta Cristina de Borbón.
Urdangarín y Torres habrían obtenido cerca de 15 millones de euros provenientes de las administraciones públicas y de empresas privadas mediante métodos fraudulentos. Casi la mitad de esa cantidad, unos siete millones de euros, fue pagada al Instituto Nóos por los gobiernos balear y valenciano. Según las investigaciones de la Agencia Tributaria, el dinero que supuestamente se habrían quedado el duque de Palma y Torres por la organización de los foros sobre turismo y deporte en la capital balear oscilaría entre 1,2 y 1,5 millones de euros.
A ello habría que añadir la suma de entre 3,1 y 3,5 millones de euros provenientes de las arcas públicas de la Comunidad Valenciana, donde contrataron a Nóos para que organizara tres convenciones de la Fundación Turismo Valencia y la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Además, Urdangarín y Torres habrían embolsado otros 4,5 millones procedentes de empresas privadas.
