afp/aP/dpa
Desde Quito
La Ley de Medios que aprobó el gobierno de Ecuador la semana pasada cosecha críticas de diversos sectores. El relator especial de la ONU para la Libertad de Expresión, Frank La Rue, advirtió ayer en un duro comunicado que “la ley tiene elementos que afectan gravemente la libertad de prensa y la libertad de expresión”, y le recomendó al presidente Rafael Correa que “no sancione esta ley sino que la envíe de regreso al Congreso para ser más ampliamente discutida”.
Por su parte, asociaciones de medios de comunicación de Latinoamérica afirmaron en una nota conjunta que con la nueva norma “el poder político instala un marco jurídico propicio para la censura previa, así como un precedente de responsabilidades cuyas consecuencias pueden ser nefastas para el ejercicio libre e independiente del periodismo”.
El comunicado fue firmado por la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia, la Asociación Nacional de Periódicos de Brasil, la Asociación de Diarios Colombianos, la Asociación Nacional de la Prensa de Chile y el Consejo de la Prensa Peruana. Allí se alerta sobre “la incorporación de figuras inéditas, como el denominado ‘linchamiento mediático’, la regulación del Internet, la imposición de contenidos y cuotas de programación” que aparecen en la Ley Orgánica de Comunicación, que además “exime de controles a la propaganda oficial y vulnera abiertamente las normas contenidas en jurisprudencia y tratados internacionales que privilegian la libre expresión, información y la opinión crítica como mecanismos esenciales de una democracia, suscritos por el gobierno del Ecuador”.
La Rue, el mismo relator de la ONU que había elogiado la Ley de Medios argentina cuando ésta fue aprobada en 2009, también criticó la figura del “linchamiento mediático”. Aseveró que es un concepto que “por supuesto no existe y pretende ser una forma irónica de limitar las expresiones críticas de la prensa hacia las políticas públicas o funcionarios de Estado”.
Según el especialista de las Naciones Unidas “se establecen mecanismos de censura, tales como la creación de la Superintendencia de Información y Comunicación, que claramente va dirigida a limitar la libertad con la que las y los periodistas pueden opinar sobre hechos relevantes, políticas públicas y sobre los funcionarios del país”.
