El maestro de izquierda radical Pedro Castillo, simpatizante de Nicolás Maduro, y la derechista Keiko Fujimori, hija del encarcelado ex presidente Alberto Fujimori, disputarán la presidencia de Perú, en el balotaje de junio próximo, en un país fragmentado políticamente y en el que mensajes clasistas y discriminatorios comienzan a ganar espacio en la campaña.
El propio Castillo lanzó su dardo al comenzar prácticamente su campaña por el balotaje. “Esta elección será entre ricos y pobres, la lucha entre el patrón y el peón, entre el amo y el esclavo", sentenció el ex dirigente sindical de maestros, que en el 2017 fue uno de los líderes de una huelga de dos meses y medio, en demanda de mayores salarios y en contra de pruebas a los profesores para medir sus competencias.
En un país donde la discriminación -racismo incluido, por supuesto- es combatida desde distintas instancias, aunque no lo suficiente, atizar el fuego con mensajes clasistas conduce a generar más división entre peruanos, con grandes desigualdades --socioeconómicas, principalmente--, y con limitaciones de todo tipo generadas por el centralismo.
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Castillo y Fujimori, en los extremos del tablero político local, fueron los candidatos con mayores índices de votación en las elecciones generales del 11 de abril, cuyos resultados revelan que el Perú, con unos 33 millones de habitantes (25 millones son electores), enfrentará nuevos tiempos con las mismas dificultades para conciliar posiciones y alcanzar el bienestar para más habitantes.
Castillo, de 51 años, natural de la región norte andina de Cajamarca, y Fujimori, administradora de 45 años, de Lima, obtuvieron 19,10% (2.625.238 votos) y 13,36% (1.836.463 votos), respectivamente, el último domingo, según los datos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), difundidos a las 19.30 GMT del martes.
En tercer y cuarto lugar, se colocaron el empresario derechista Rafael López Aliaga y el consultor liberal Hernando de Soto, con 11.67% (1.604.599 votos) y 11.65% (1.598.630 votos), respectivamente, según el reporte oficial, al 96.18% de actas procesadas, que reflejó un ausentismo de al menos 28%.
Se prevé que los discursos de Castillo y Fujimori se polaricen aún más en la campaña, que –como en las otras, libradas desde el 2000- se ha caracterizado por el “antifujimorismo”, que ha ganado espacio en los grandes medios de comunicación que reciben millones de dólares en publicidad estatal.
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El debate político lo protagonizan, en muchos casos, desde alguno de los grandes medios de comunicación, representantes de ONGs (que reciben financiamiento con poca o escasa fiscalización) y que en su mayoría coinciden en su “antifujimorismo” y en una agenda política progresista o liberal, descalificando permanentemente a los llamados “conservadores” o sectores de derecha.
El analista político Luis Benavente, director de la consultora en temas políticos y electorales Vox Populi, opinó que, en las próximas semanas, se pondrá en juego los ‘anti’. A su juicio, se medirán el “antifujimorismo” y el “anticomunismo”.
¿Qué han ofrecido Castillo y Fujimori a lo largo de la campaña desarrollada en medio de la crisis sanitaria y económica derivada de la pandemia?
Castillo anunció que, de llegar al poder, alentará el cambio de la constitución política, que fue aprobada en 1993, por el Congreso Constituyente durante la gestión de Alberto Fujimori (1990-2000), quien purga prisión por violaciones a los derechos humanos y corrupción. El ex mandatario cerró el Congreso en 1992, exponiendo -como uno de sus justificaciones- la lucha contra los grupos terroristas Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, cuyos líderes y lugartenientes fueron capturados ese mismo año.
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Para Castillo, el cambio de carta política es necesario para modificar el régimen de economía social de mercado al de “Economía popular con mercados” y darle mayor presencia al Estado en la actividad productiva del país, siguiendo los modelos impuestos por Evo Morales en Bolivia y Rafael Correa en Ecuador.
El partido “Perú libre” busca la “nacionalización” de los “sectores estratégicos tales como el minero, gasífero, petrolero, hidroenergético y de comunicaciones”, según está consignado en su plan de gobierno, inscrito en el Jurado Nacional de Elecciones. “La izquierda socialista no renuncia a la riqueza, pero ésta debe ser social, no individual ni grupal”, reza el documento oficial de “Perú libre”.
En contraposición, Keiko Fujimori, investigada por la fiscalía por supuesto financiamiento indebido en su campaña electoral del 2016, ha propuesto el programa “Perú Abierto”, para reactivar la economía evitando la propagación del coronavirus, alentando la inversión privada –nacional y extranjera- y generando mayores empleos.
La derecha y la izquierda se han atomizado en varios grupos, y se observa un centro evaporizado virtualmente. Castillo y Fujimori tendrán que hacer alianzas con los otros grupos políticos, entre ellos los que lideran López Aliaga y De Soto, en un país, donde el descrédito de la clase política ha minado la institucionalidad de sus partidos, generando la aparición de nuevas agrupaciones que desaparecen si sus postulantes no tienen éxito en los comicios.
*Periodista peruana. Desde Lima. @gloriagrandag
