La Policía Federal quiere escuchar al ex presidente en la causa sobre posibles sobornos de las automotrices a cambio de un decreto que les otorgó beneficios. Su vocero aseguró que fue Rousseff quien promulgó la norma.
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Cedoc
agencias
La Policía Federal brasileña pidió ayer que el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva sea intimado a declarar como testigo en la llamada Operación Zelotes, que investiga el posible pago de sobornos a funcionarios a cambio de decretos que favorecieron a fabricantes de autos. El pedido es para que Lula declare el próximo jueves en la sede de la Policía Federal, en Brasilia.
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El Instituto Lula, vocero del ex presidente, informó que el ex jefe de Estado hasta ahora no recibió la invitación para comparecer, pero que, en caso de que la reciba, está dispuesto a colaborar, aunque está en Madrid y no sabe si llegará para esa fecha.
La convocatoria a Lula se conoce dos días después de que el juez responsable de la investigación autorizara la suspensión del secreto bancario de las cuentas de Luis Cláudio Lula da Silva, uno de los hijos del ex presidente, y del ex ministro Gilberto Carvalho. Lula y Carvalho son investigados en el marco del proceso policial que intenta determinar el supuesto pago de sobornos para que el Gobierno de Lula aprobara el decreto que prorrogó hasta 2015 una serie de incentivos fiscales concedidos al sector automotor. Según la Fiscalía, algunos fabricantes de automóviles pagaron coimas para que el Gobierno prorrogara los descuentos tributarios a la fabricación de vehículos, una medida que tenía como objetivo impulsar a un sector considerado como uno de los pilares de la industria brasileña.
Fue Dilma. En un comunicado, el Instituto Lula sostuvo que el presidente “no tiene ninguna relación con los hechos investigados” y atribuyó la responsabilidad a su sucesora, Dilma Rousseff. “El decreto en cuestión (que prorrogó los descuentos a las automotrices) fue promulgada por el Congreso en 2013, cuando él no era más presidente”, sostiene la nota. Por su parte, el Palacio del Planalto, la sede del gobierno, informó que no comenta operaciones judiciales en marcha. Lula es objeto de otras investigaciones judiciales, por sospechas de que utilizó su influencia para favorecer a grandes constructoras y empresas.
