INTERNACIONAL

Polémica en Costa Rica por "ley mordaza" contra la prensa

Busca controlar delitos informáticos y prevé condena a prisión a periodistas.

El gobierno de Laura Chinchilla se comprometió mediante un comunicado a que la ley no se va aplicar a los periodistas.
| AFP

En medio de las polémicas entre gobiernos de la región y la prensa, entre los que se destaca la furiosa pelea entre el Grupo Clarín y la Casa Rosada, el gobierno de Costa Rica enfrenta crecientes críticas a una llamada "ley mordaza" que, en el marco de la lucha contra delitos informáticos, condena a prisión a periodistas que obtengan "indebidamente" informaciones políticas de carácter reservado.

Uno de los artículos más polémicos es el 288, que prevé condenas de hasta 10 años (lo que obliga a la prisión efectiva) a quienes difundan "informaciones políticas secretas". La ley sanciona a quien obtenga "indebidamente" informaciones secretas concernientes a medios de defensa o relaciones exteriores, o que afecte la lucha contra el narcotráfico o el crimen organizado.

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"Es una ley que va a coartar la libertad de expresión y de información, que va afectar no sólo a los medios de comunicación", afirmó a la agencia AFP el presidente del Colegio de Periodistas de Costa Rica, José Rodolfo Ibarra.

Para algunos, las reformas a la Ley de Delitos Informáticos del Código Penal constituyen una amenaza para quienes desde los medios de comunicación fiscalizan la transparencia del gobierno de Laura Chinchilla.

La iniciativa, estiman expertos, va en contra de los principios democráticos de Costa Rica, que por tradición ha sido un país defensor de los derechos humanos y de la libertad de expresión.

El Colegio de Periodistas, la Defensoría de los Habitantes, dirigentes políticos, magistrados, gremiales sindicales y la población en general alzaron sus voces al unísono tras la publicación de la normativa que rige desde el miércoles pasado.

La ley, impulsada en 2009 durante la presidencia de Oscar Arias, fue aprobada en junio, pese a que la Comisión de Derechos Humanos del Congreso analizaba un texto sustitutivo que promueven directores de medios de comunicación. Directores de medios alzaron la voz y recordaron que la prensa ha sido la que ha destapado innumerables casos de corrupción, entre ellos tres que salpicaron a expresidentes, dos de los cuales fueron condenados a prisión.

Tras la avalancha de críticas, el gobierno de Chinchilla se comprometió mediante un comunicado de prensa a que la ley no se va aplicar a los periodistas y adelantó que enviará un proyecto de urgencia para reformarla.

Libertad de expresión en Latinoamérica. La medida en Costa Rica levanta polvareda en medio de otras polémicas en la región. A la versión local de la pelea entre el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el Grupo Clarín -acrescentada en estos días por el llamado 7D-, se suman las críticas en Bolivia y Ecuador por algunos intentos de limitar la libertad de expresión, según especialistas y opositores.

El mes pasado, el gobierno boliviano expresó su preocupación porque los insultos al presidente Evo Morales en Facebook. Legisladores oficialistas propusieron denunciar por discriminación a quienes lo ofendan en las redes sociales.

El entorno del presidente Morales hasta elaboró la ley "contra el racismo y toda forma de discriminación" para castigar con cárcel a sus ocasionales detractores, y el ministro de Gobierno, Carlos Romero, admitió que existe una unidad de monitoreo de información de los diarios digitales y las redes sociales.

En Ecuador, la disputa entre el presidente Rafael Correa y la prensa opositora sigue sumando rounds. Luego de ordenarle a sus ministros que no hablen con la prensa opositora, y luego de anunciar que volverá a presentarse en las elecciones presidenciales de febrero próximo, aseguró que radicalizará algunas medidas, entre ellas, la lucha contra lo que él denomina “la prensa corrupta”.