Primer traspié del nuevo decreto migratorio de Donald Trump

El nuevo veto migratorio de Donald Trump enfrentó su primer revés judicial el viernes, tras la decisión de un juez federal de Wisconsin de prohibir la aplicación de la orden ejecutiva a una familia siria.

El magistrado, William Conley, suspendió la medida temporalmente sólo para la familia de un refugiado de Siria, quien presentó su caso anónimamente para proteger las identidades de su esposa e hija, que todavía viven en Alepo.

Este caso representa el primero de varios retos que la enmienda enfrentará. Trump anunció los cambios a su orden ejecutiva original la semana pasado, que entrarán en vigor el 16 de marzo. Seis estados –Hawaii, Washington, Nueva York, Oregón, Minnesota y Massachusetts– ya presentaron demandas para bloquear la nueva versión, que cierra las fronteras estadounidenses a refugiados y ciudadanos de seis países de mayoría musulmana.

Conley, quien fue nombrado a la Corte federal por el ex presidente Barack Obama, concluyó en el juicio que el demandante “corre el riesgo de sufrir un daño irreparable” si se aplica el decreto. El refugiado recibió asilo en el país en 2014 y ya había recibido la aprobación de las autoridades para traer a su esposa e hija cuando Trump firmó el decreto en enero.
La polémica medida primero precisó que ningún refugiado podría entrar al país por 120 días y ningún ciudadano de Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen podría ingresar por noventa días. Los refugiados provenientes de Siria estaban bloqueados indefinidamente.

Cambios. La modificación del texto del decreto, tras la suspensión de la primera orden por un juez federal en Seattle, quitó a Irak de la lista, una decisión que funcionarios en la Casa Blanca vinculó a la colaboración del gobierno iraquí en un proceso más riguroso para aprobar visas.
La administración de Trump defiende el decreto como una medida necesaria para garantizar la seguridad nacional, mientras concibe un proceso de verificación más rigurosa para los solicitantes de visas.

Críticos. Más allá de llevar la orden a los tribunales, las ONGs que se dedican a proteger los derechos humanos, como American Civil Liberties Union y Amnistía Internacional, instaron al Comité Judicial del Senado y a la Cámara de Representantes a investigar la legalidad de la implementación del veto migratorio.

“La serie de órdenes ejecutivas sobre inmigración han devastado a comunidades de inmigrantes y refugiados, provocando protestas a nivel mundial y varias batallas judiciales. Estas órdenes violan derechos civiles y están llenas de toques de atención constitucionales. Es tiempo de que el Congreso también haga algo”, dijo Joanne Lin, consejera legislativa de ACLU.