El Gobierno de Puerto Rico se declaró hoy en quiebra, con el objetivo de reestructurar su deuda de más de 70.000 millones de dólares, dos días después que venciera una moratoria de pago a los acreedores.
Así lo anunció el Gobernador del Estado Asociado de Puerto Rico, Ricardo Rosello, en una conferencia de prensa en la que comunicó la decisión de pedir la bancarrota judicial "para poder defender de la mejor manera los intereses del pueblo de Puerto Rico".
Rosselló afirmó que de esta forma se asegura la prestación de los servicios esenciales al pueblo puertorriqueño ante la imposibilidad de cumplir con los acreedores de una deuda pública que asciende a 72.000 millones de dólares. De acuerdo a la agencia AFP, el gobernador, que asumió el 1 de enero de este año, indicó que siguen comprometidos en mantener las negociaciones de buena fe para llegar a acuerdos con los acreedores.
Según el Wall Street Journal, la de Puerto Rico es la mayor bancarrota municipal de la historia de Estados Unidos.
El primer ejecutivo de la isla añadió: “Estamos aquí para atender los problemas de Puerto Rico, no para mirar el pasado, y estoy convencido que nuestra Isla podrá retomar el camino del desarrollo económico con los pasos acertados del Gobierno y el empeño de cada uno de sus residentes”.
El 1 de mayo, cientos de puertorriqueños se manifestaron en contra de las medidas de austeridad propuestas por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF). Ese día, terminaba la moratoria a los acreedores que establecía PROMESA, acrónimo de la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico. La medida fue aprobada a mediados de 2016 por el Congreso estadounidense.
Al día siguiente, el martes, varios tenedores de bonos rechazaron una propuesta del gobierno de Puerto Rico de pagar el 50% de su valor original y optaron por acudir a los tribunales federales en San Juan y Nueva York para reclamar la totalidad del dinero.
Puerto Rico arrastra una profunda crisis fiscal producto de la emisión de deudas de forma inconstitucional, a la vez que su economía se ha mantenido en retroceso en la última década, por lo que se hundió en un pantano que no le dejó otra opción que la bancarrota ante la negativa de Washington de darle un rescate.
La relación con Argentina. Luis D'Avila, abogado, periodista y un reconocido analista político de Puerto Rico le explicó a Perfil.com que lo que hizo el gobierno boricua fue protegerse "de los fonditos que le hicieron la vida a cuadritos a los argentinos: Aurelius Funds". Se trata de uno de los "fondos buitre" que durante 15 años estuvo en litigio con nuestro país, hasta el acuerdo que el año pasado selló el gobierno de Mauricio Macri.
Los protege, explicó en el sentido de que "paralizará los pleitos 120 días, nombrará un juez federal que tendrá que aprobar un plan fiscal recomendado por una junta nombrada por el Congreso norteamericano, ese juez establecerá la prelación de pagos, recortará y reestructurá deuda, autorizará gastos esenciales gubernamentales y terminará recortando pensiones, convenios laborales, bonos, acreencias, gastos etc".
Al ser preguntado en cómo afectará esto a los locales, indicó que esto traerá un aumento de impuestos y "más recortes". Precisó que el gobernador es de "corte liberal social, un conservador fiscal, liberal en lo económico y libertario en lo civil" además de ser un intergracionista a Estados Unidos.
Si bien lleva solo 124 días en funciones, el experto instó a que la quiebra es una "caldera hirviente de mucho tiempo" y que es el "desmantelamiento del estado socialista benefactor latinoamericano".
D'Avila cree que la actual situación financiera boricua se relaciona con lo que fue el default argentino porque ambos compartían el "modelo estatista, derrochador y corrupto". Finalmente, precisó que todavía falta lo peor y que la isla aún no ha tocado fondo.
