El reclamo de Donald Trump por el premio Nobel de la Paz resultó contraproducente: el comité noruego no solo no lo eligió, sino que destinó el galardón a una figura a todas luces opuesta. La jueza sudafricana Navanethem “Navi” Pillay preside hoy la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte, mientras Trump autoriza pelotones de fusilamiento y transmisiones de ejecuciones en vivo. En este contexto, el mensaje del comité del Nobel al elegir a Pillay es casi una provocación.
Hay más contrastes entre el presidente y la jueza: mientras él apoya a Israel como un socio militar y respalda las acciones del primer ministro Benjamin Netanyahu, ella dirigió hasta noviembre de 2025 la Comisión Internacional Independiente de Investigación de las Naciones Unidas sobre los Territorios Palestinos Ocupados, que concluyó que Israel está cometiendo un genocidio contra los palestinos en Gaza.
Pillay es una de las figuras más destacadas en la defensa de los derechos humanos y la justicia internacional. Antes de trabajar en relación a Palestina, fue jueza del Tribunal Superior de Sudáfrica, el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (1995-2003), y la Corte Penal Internacional en La Haya (2003-2008). Entre 2008 y 2014 ejerció como alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos (2008-2014), la más alta responsabilidad en este ámbito. En el momento de hacer público su nombre, el comité noruego del Nobel destacó “su labor en favor de la paz y el derecho internacional”.
Genocidio, una palabra en disputa que Pillay amplió para proteger a las mujeres
El 16 de septiembre de 2025, Pillay presentó en Ginebra el informe final de la Comisión Internacional Independiente de Investigación de las Naciones Unidas sobre los Territorios Palestinos, que sostiene que Israel es responsable de cometer genocidio contra los palestinos en Gaza. Fue una de las decisiones más polémicas de su carrera, que aún divide a la comunidad internacional. El Gobierno de Israel rechazó “categóricamente” el informe de la comisión, lo calificó de “distorsionado y falso” y acusó a sus integrantes de antisemitismo.
Para llegar a esa determinación se apoyó en los cinco actos que la Convención contra el Genocidio de 1948 tipifica como genocidio: matar a miembros del grupo, causarles daños graves a la integridad física o mental, imponerles deliberadamente condiciones de vida calculadas para provocar su destrucción física, adoptar medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo y trasladar por la fuerza a niños del grupo a otro grupo. Según la comisión, Israel cometió los primeros cuatro; solo no se configuró el traslado forzoso de niños. El texto pidió detener el suministro de armas a Israel y advirtió que quienes contribuyan al genocidio pueden ser cómplices. También atribuyó la responsabilidad de las atrocidades a las "más altas esferas de las autoridades israelíes”, e incluyó entre los incitadores al genocidio al primer ministro Benjamin Netanyahu, al presidente Isaac Herzog y al exministro de Defensa Yoav Gallant.
La polémica sobre el genocidio no es nueva para Pillay, quien ayudó a expandir ese concepto desde el derecho internacional. El 2 de septiembre de 1998, como integrante de la sala del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, participó del primer fallo internacional por genocidio de la historia, que condenó a Jean-Paul Akayesu, exalcalde de la comuna de Taba. También fue la primera vez que un tribunal reconoció que la violación y la violencia sexual pueden ser actos constitutivos de genocidio. El fallo entendió que esas agresiones contra mujeres tutsis no eran solo crímenes de lesa humanidad sino herramientas de exterminio, un criterio que luego fue recogido por el Estatuto de Roma, que creó la Corte Penal Internacional.
La abogada que ningún estudio quiso contratar y llegó a la cima del derecho internacional
La trayectoria de Pillay arranca muy lejos de los estrados internacionales. Nació en 1941 en Clairwood, un barrio pobre de Durban, Sudáfrica, hija de un colectivero de origen tamil. Estudió Derecho en la Universidad de Natal, reservada entonces a las personas no blancas. Cuando se recibió, ningún estudio quería contratarla, ya que, según contó años después, no aceptaban que empleados blancos recibieran órdenes de una persona de color. Así que en 1967 abrió su propio estudio, y se convirtió en la primera mujer no blanca en ejercer la profesión por cuenta propia en la provincia de Natal.
Durante casi tres décadas, Pillay defendió a activistas del antiapartheid detenidos por el régimen sudafricano, expuso la tortura en los calabozos policiales e incluso representó a su propio marido, preso de la policía política. En 1973 logró un fallo histórico que obligó al régimen a permitir el acceso de abogados a los presos políticos de Robben Island, la cárcel donde estaba Nelson Mandela.
En 1982 se doctoró en Derecho por Harvard, con especialización en derechos humanos y derecho internacional; fue la primera sudafricana en obtener ese grado en esa facultad. En 1992 cofundó Equality Now, una organización internacional de derechos de las mujeres.
Como alta comisionada de la ONU, cargo que asumió en 2008, siempre dijo en voz alta lo que muchos diplomáticos piensan en privado. En 2009 puso a Sri Lanka en la agenda del Consejo de Derechos Humanos y denunció las violaciones cometidas contra los tamiles, su propia comunidad de origen. En 2012, de visita en Pakistán, cuestionó la legalidad de los ataques con drones de Estados Unidos y pidió investigar la muerte de civiles; al año siguiente reclamó el cierre de Guantánamo y calificó la detención indefinida de sus prisioneros como una violación del derecho internacional. En 2013 lanzó desde Ciudad del Cabo la campaña “Libre e Igual” por los derechos de las personas LGBT. La franqueza le trajo costos: en julio de 2014, más de cien miembros del Congreso de Estados Unidos le firmaron una carta de protesta por las investigaciones del Consejo de Derechos Humanos sobre Israel.
Pillay dejó el alto comisionado de la ONU en agosto de 2014 con una provocación final: en su discurso de despedida reprochó al Consejo de Seguridad de la ONU haberle fallado a los sirios, al no haber logrado detener la violencia ni investigar los crímenes cometidos en el país. Lejos de retirarse, siguió sumando causas: participó en grupos de reflexión sobre migración, integración y justicia en Sudáfrica y aceptó ser jueza “ad hoc” de la Corte Internacional de Justicia en el caso que Gambia entabló contra Myanmar por la aplicación de la Convención de 1948, el mismo tratado del que ella hizo carrera. Ese expediente, abierto por la persecución del pueblo rohinyá, sigue en tramitación: Pillay integra hoy el tribunal que lo examina. A los 85 años, llega al escenario de Oslo con un largo camino recorrido en defensa de las poblaciones más vulneradas.
MB
