NAIROBI—En los últimos 20 años, economistas feministas han obtenido varios logros políticos a nivel nacional, que van desde presupuestos con perspectiva de género hasta una mayor inversión en infraestructura de cuidados. Sin embargo, el cambio a nivel internacional sigue siendo persistentemente lento. La arquitectura financiera global continúa generando políticas que dependen del trabajo de las mujeres sin tenerlo en cuenta.
Las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, que se celebran este mes en Bangkok, les ofrecen a los responsables de la formulación de políticas una oportunidad para acelerar ese cambio. Más concretamente, el primer ciclo anual de la recientemente creada Plataforma de los Prestatarios les permitirá a los países en desarrollo compartir conocimientos, intercambiar experiencias y hablar de manera colectiva en los debates sobre la deuda.
Este foro reviste especial importancia para los países africanos, donde el gasto promedio en pagos de intereses asciende a 70 dólares per cápita, frente a los 60 dólares que se destinan a educación y los 39 a sanidad. Cada medida de austeridad impuesta por una reestructuración de la deuda soberana determina hasta qué punto se recortarán los servicios públicos -y en qué medida las mujeres serán quienes tengan que asumir la carga-. En Kenia, un país que sigue atrapado en la trampa de la deuda, las mujeres dedican, en promedio, tres horas y 37 minutos más que los hombres al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado cada día.
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Las negociaciones para una Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cooperación Fiscal Internacional ofrecen una oportunidad similar. Este esfuerzo por reescribir las normas globales para que los beneficios se graven allí donde se produce la actividad económica podría ayudar a abordar la fuga de capitales de África, estimada en 88.600 millones de dólares anuales, y provocada en parte por la evasión fiscal. El resultado de las negociaciones determinará de cuánto podrán disponer los gobiernos africanos para clínicas, escuelas y sistemas de abastecimiento de agua, y cuánto se destinará a la reproducción social -el trabajo no remunerado o mal remunerado, realizado en su mayoría por mujeres y niñas-, que sustenta la vida y hace posible toda actividad económica.
Sin duda, los derechos de las mujeres suelen pasarse por alto en tiempos turbulentos. La igualdad de género fue la primera en caer en la guillotina cuando los gobiernos donantes recortaron sus presupuestos de ayuda exterior, y las políticas exteriores feministas se archivaron discretamente cuando resultaron inconvenientes. Ahora, la ONU está evaluando fusionar ONU Mujeres y el Fondo de Población de las Naciones Unidas en una sola entidad en aras de la “eficiencia”, precisamente cuando más se necesitan esas instituciones.
Sin embargo, es posible reconstruir la gobernanza económica global con una estrategia feminista. Los negociadores de la Convención Fiscal de la ONU deberían tener en cuenta dónde se produce la reproducción social, y no solo dónde tienen su sede las multinacionales, y asignar los recursos en consecuencia. En cuanto al FMI, hay que reformar el proceso de reestructuración de la deuda para evaluar no solo si un gobierno puede hacer frente al servicio de su deuda, sino también qué costo tendrán esos pagos en términos de servicios públicos y de tiempo de las mujeres.
Esto último requiere medir y valorar la reproducción social. Kenia constató que, en 2021, las mujeres realizaban 25.800 millones de horas de un total de 30.600 millones de horas de trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, lo que, según estimaciones de la Oficina Nacional de Estadísticas de Kenia, equivalía al 23,1% del PIB. A partir de estos datos, Kenia ha desarrollado desde entonces una Política Nacional de Cuidados destinada a integrar la planificación de los cuidados en los presupuestos nacionales y de los condados. En 2025, Mauricio demostró cómo plasmar esta toma de conciencia en la política fiscal al aplicar una tasa cero del IVA a los alimentos para bebés y a las hortalizas básicas. El FMI podría dar visibilidad a la reproducción social a nivel internacional incorporando las cuentas satélite nacionales de los hogares en las consultas del Artículo IV -sus evaluaciones económicas periódicas de los países miembro.
Los países africanos están a la vanguardia en este frente, y la arquitectura financiera multilateral debe apoyar, y no obstaculizar, sus esfuerzos. Como defendió durante gran parte de su carrera el difunto economista especializado en desarrollo Thandika Mkandawire, a los gobiernos africanos nunca les faltaron ideas en materia de políticas. Pero se les negó el espacio para desarrollar sus propias teorías; en su lugar, se les impusieron las teorías que sustentaban las condiciones estrictas de los préstamos.
La Posición Común Africana sobre la Deuda (CAP) de la Unión Africana, adoptada en febrero, es un intento de conceptualizar una nueva estrategia. Esta aboga por una Convención Marco vinculante de las Naciones Unidas sobre la Deuda Soberana -la esperada reforma estructural que no se materializó en la Cuarta Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo celebrada el año pasado- y por procesos de reestructuración que sean transparentes, inclusivos para los deudores y que ya no estén impulsados únicamente por los intereses de los acreedores. La Plataforma de los Prestatarios puede ser un mecanismo de coordinación voluntario más que un órgano de negociación vinculante, pero eso es motivo de más para defender la CAP en las Reuniones Anuales.
Los miembros de la Plataforma de los Prestatarios deberían proponer dos cambios concretos en materia de políticas. En primer lugar, el FMI debe reformar su análisis de sostenibilidad de la deuda, el marco que utiliza para determinar cuánto servicio de la deuda puede permitirse un país, para incorporar los costos que supone el reembolso en la reproducción social. Esto les permitiría a los gobiernos africanos proteger los servicios públicos de los recortes. De lo contrario, más países podrían acabar como Kenia: el Tesoro Nacional informa que el 51,8% de los ingresos fisclas del último ejercicio fiscal se destinó al pago de deuda y pensiones, lo que apenas dejó fondos para los programas sociales que reducen el trabajo no remunerado de las mujeres. En segundo lugar, a la hora de negociar acuerdos de reestructuración de la deuda, todos los programas del FMI vinculados a una reestructuración de la deuda deben incluir un umbral mínimo vinculante para el gasto en salud, agua e infraestructura de cuidados, en sustitución de los objetivos de gasto social poco rigurosos -y a menudo incumplidos- que el Fondo utiliza en la actualidad.
Lo que pueden parecer ajustes técnicos son, en realidad, los primeros pasos hacia la creación de una arquitectura de la deuda que beneficie a las mujeres de África. Al escribir sobre la pandemia, la novelista Arundhati Roy argumentó que la ruptura ofrece “una oportunidad para replantearnos la máquina del fin del mundo que nos hemos construido”. El sistema multilateral está atravesando ahora su propia ruptura. La tarea que tenemos por delante es garantizar que las mujeres de África no sean una nota al pie de página del sistema, sino que ocupen un lugar central en lo que vendrá después.
* Crystal Simeoni, activista feminista panafricana, es directora de Nawi -el Colectivo Afrifem.
