INTERNACIONAL
detencion arbitraria

Reino Unido y Suecia no acatarán el fallo de la ONU sobre Assange

Festejo. Assange exhibe a los medios el dictamen de la ONU.
| Marcelo M. Abbate

Agencias
El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, celebró ayer el dictamen de Naciones Unidas que consideró “arbitraria” su detención e instó al Reino Unido y Suecia a acatarlo, aunque esa opción fue desestimada por las autoridades. “Hemos logrado una victoria significativa”, afirmó desde el balcón de la Embajada de Ecuador en Londres, donde está recluido desde mediados de 2012. El periodista, investigado en Suecia por supuestos abusos sexuales, dijo que tiene “la ley de su lado” y reclamó la devolución de su pasaporte y la libertad incondicional.
Assange se recluyó en la delegación diplomática ante el temor de ser extraditado a Suecia y, luego, enviado a los Estados Unidos, donde la Justicia lo investiga por la filtración de miles de documentos secretos del Departamento de Estado. Luego de dos años de asilo en la Embajada, presentó su caso ante el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, donde consiguió un fuerte espaldarazo para obtener su tan ansiada libertad. Ese organismo dictaminó que el australiano debe ser liberado y pidió que Suecia y el Reino Unido garanticen “su seguridad e integridad física”. Sin embargo, la decisión de la ONU no es vinculante, es decir, los Estados no tienen obligación de cumplirla.

Reacciones. Tanto el Reino Unido como Suecia rechazaron la decisión de las Naciones Unidos, al sostener que “no cambia nada”, y anunciaron que detendrán a Assange en caso de que deje la embajada.
El titular de Exteriores británico, Philip Hammond, afirmó incluso que la decisión del grupo le resultó “francamente ridícula”. Por su parte, Scotland Yard, la policía metropolitana de Londres, advitió que Assange debe responder a la ya existente orden europea de arresto, advirtiendo que empleará todos sus esfuerzos en detenerlo si sale a la calle. En respuesta, Baltasar Garzón, abogado del fundador de WikiLeaks, aseveró que es absurdo considerar como inválido el resultado, porque los Estados tuvieron la oportunidad de presentar sus argumentos y de participar del proceso de investigación, que duró más de un año.