El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel analiza la posibilidad de cancelar la visita del canciller argentino, Héctor Timerman, a ese país, como consecuencia de las repercusiones al conocerse el pacto secreto entre Argentina e Irán para “olvidar” los atentados de 1992 y 1994, a cambio de relanzar el comercio entre ambos Estados.
De acuerdo con fuentes diplomáticas israelíes, podría posponerse la visita de Timerman, de confirmarse los dichos del periodista Pepe Eliaschev en la investigación publicada durante el fin de semana.
"Si el reporte resulta ser cierto, constituiría una grave señal de parte de la administración argentina, frente a la cual deberemos responder apropiadamente”, sostuvieron.
Si bien la Cancillería argentina no ha hecho declaraciones sobre la polémica suscitada por la investigación de PERFIL, el diario israelí Haaretz sostiene que el gobierno de Benjamin Netanyahu espera “una aclaración oficial de parte del ministro (Héctor Timerman) sobre el artículo”, de acuerdo con el vocero de la cartera de Asuntos Exteriores, Yigal Palmor.
Basada en documentos clasificados, la investigación de Perfil acusa al Gobierno nacional de intentar "olvidar” los atentados terroristas a la Embajada de Israel (1992) y la AMIA (1994), en pos de un acuerdo secreto con Irán, a cambio del impulso del intercambio comercial entre ambos países, por el que alcanzaría un volumen de operaciones cercano a 1.2 billón de dólares anual.
El propio Timerman habría hecho esa oferta en enero a la administración de Mahmoud Ajmadineyad, a través de dos mediadores: el presidente sirio, Bashar Asad, y el ministro de Asuntos Exteriores, Walid Moallem.
Hareetz recuerda dos gestos centrales del canciller argentino durante el 19° aniversario de la voladura de la Embajada de Israel en Argentina. Durante el acto conmemorativo, Timerman remarcaba “la vocación permanente del Gobierno para llegar a la verdad y a los responsables”.
Asimismo, destacaba el discurso de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ante la Asamblea General de la ONU, donde la mandataria había solicitado a Teherán que permitiera la extradición de los ciudadanos iraníes acusados de participar en los atentados ante un eventual proceso judicial realizado en un país neutral.
