El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, defendió ayer el acuerdo alcanzado con las FARC en La Habana al indicar que no hubo “concesiones por debajo de la mesa” y señaló que la negociación fue “responsable” y “seria”. Además, confió en que el pueblo “va a decir sí” en el plebiscito convocado para el 2 de octubre, en el que los colombianos tendrán “la última palabra” sobre lo pactado.
“Cuando comiencen los escépticos a leer los acuerdos, cuando se den cuenta de que toda la desinformación no era cierta, cuando se den cuenta de que estos acuerdos tienen el reconocimiento de todo el mundo (...) se darán cuenta de que éste es el paso y la votación más importante en nuestras vidas”, subrayó el jefe de Estado.
Así, le respondió al ex presidente y senador, líder del partido de derecha Centro Democrático, quien remarcó ayer que hará campaña por el “no” en el plebiscito porque considera que da “impunidad” a los guerrilleros. “Este proceso premia al terrorismo al negar cárcel a los máximos responsables de delitos atroces, en un país con más de 100 mil presos por delitos menores que los de FARC”, dijo Uribe en un discurso en la ciudad de Santa Marta.
Paz. El pasado miércoles, los negociadores de paz del gobierno y de las FARC anunciaron que llegaron a un acuerdo final tras casi cuatro años de diálogos, que deberá ser refrendado o rechazado por los colombianos en un plebiscito que se celebrará el próximo 2 de octubre. En caso de que el “sí” gane en la consulta, se pondrá fin a un conflicto armado de más de medio siglo con ese grupo.
Desde el inicio de la negociación, Uribe fue uno de los más duros opositores al proceso. El pasado diciembre, el gobierno y las FARC concluyeron un acuerdo en materia de justicia transicional que se aplicará una vez que termine el conflicto. Como parte de ese acuerdo, se creará el mecanismo de Jurisdicción Especial para la Paz, que se aplicará a los responsables del conflicto armado.
Los delitos políticos y conexos estarán sujetos a una amnistía, pero los de lesa humanidad, el genocidio y los crímenes de guerra, entre otros, quedarán al margen de ese beneficio y los
culpables serán castigados con “restricción de libertades” en condiciones especiales u ordinarias, que irán de cinco a veinte años, según la gravedad del hecho y el grado de colaboración del acusado.
Sin embargo, Uribe consideró que los “delincuentes que no piden perdón no se arrepienten, se burlan del dolor causado, no son recluidos siquiera en granjas agrícolas, humillan a la sociedad y a las víctimas, crean condiciones para el rencor, no para la reconciliación”.
Además, opinó que quienes defienden esa “impunidad” “nunca la aceptarían
para los paramilitares”, que se desmovilizaron en 2006 tras una negociación con su gobierno.
De cara al crucial plebiscito, los dos bandos iniciaron ayer su campaña para el “sí” y
para el “no” al cacuerdo con las FARC.