En ausencia del ex presidente Saddam Hussein, ejecutado en la horca el pasado 30 de diciembre, se reanudó hoy en Bagdad el juicio contra seis ex funcionarios iraquíes de alto rango por su participación en la llamada campaña militar Anfal contra la población kurda iraquí en los años 1987 y 1988.
En el juicio por el caso Anfal, que comenzó en agosto de 2006, Saddam Hussein y seis ex colaboradores suyos habían sido acusados de la muerte de hasta 180.000 kurdos en el norte de Irak.
La campaña Anfal incluyó la masacre de Halabya, en agosto de 1988, durante la cual fueron aniquilados miles de kurdos en un ataque con gas químico.
Saddam y su primo Ali Hassan al Mayid, conocido como "Ali el Quiímico", eran acusados de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Los otros cinco inculpados eran acusados de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
Mientras, continúan las protestas y los reclamos por el ahorcamiento de Saddam y el pedido para detener otras ejecuciones. La organización Human Rights Watch (HWR) pidió hoy al gobierno iraquí que cese "inmediatamente" toda ejecución y denunció la actitud del primer ministro Nuri Al-Maliki frente a las críticas internacionales tras la matanza de Hussein.
"La precipitación y el espíritu de venganza que marcaron el ahorcamiento de Saddam Hussein debería llevar al gobierno a cesar inmediatamente todas las ejecuciones" previstas, estima la organización de defensa de los derechos humanos en un comunicado.
El ahorcamiento del ex presidente "conmocionó al mundo y provoca numerosas interrogantes sobre la voluntad del gobierno iraquí de respetar sus compromisos en materia de derechos humanos", escribe HRW.
El sábado, el primer ministro iraquí respondió a los países que criticaron la ejecución de Hussein y sus modalidades diciendo. "Consideramos la ejecución del dictador Saddam Hussein como un asunto interno que no incumbe más que a los iraquíes".
Debido a la presión internacional, las ejecuciones del medio hermano de Saddam, Barzan al-Tikriti, ex jefe de los servicios secretos, y de Awad al-Bandar, ex presidente del tribunal revolucionario, condenados a muerte, fueron postergadas.