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INTERNACIONAL
sábado 17 mayo, 2014

Servini viaja a España por la causa contra criminales franquistas

La jueza interrogará a testigos y víctimas del franquismo. Los nombres de los hombres que todavía pesan en la vida española.

por Ursula Ures Poreda

La magistrada se trasladará a ese país para entrevistar a testigos y realizar diversas inspecciones a lugares emblemáticos del gobierno de Francisco Franco. Foto: CEDOC.
sábado 17 mayo, 2014

 

La jueza federal María Romilda Servini de Cubría viajará mañana a España para avanzar en la causa que investiga, desde Argentina, crímenes de lesa humanidad entre 1936 y 1977, cometidos durante la Guerra Civil Española y los años que siguieron bajo el régimen franquista.

La magistrada se trasladará a ese país junto al nuevo fiscal de la causa, Ramiro González, para entrevistar a catorce testigos que no pudieron comparecer en las videoconferencias realizadas en 2013 en el Consulado argentino en Madrid, además de realizar diversas inspecciones a lugares emblemáticos del gobierno de Francisco Franco.

Según informaron a Perfil.com fuentes judiciales, la comitiva recogerá testimonios en Madrid, Galicia, el País Vasco, Mallorca y Sevilla, además de visitar el Cementerio de San Rafael (Málaga), donde se detectaron fosas comunes, y el Archivo Histórico Nacional, ubicado en la capital española.

Para ello, la magistrada envió diversos exhortos a nueve juzgados españoles, para que permitan las acciones judiciales y participen de la toma de declaraciones.

Los testigos son víctimas y querellantes que, por limitaciones físicas o económicas, no pudieron trasladarse a Buenos Aires para comparecer ante la Justicia ni tampoco atestiguar en la sede diplomática argentina en Madrid.

La investigación. El proceso llevado a cabo por Servini se ampara en el principio de Justicia Universal, el mismo que utilizara el exjuez español Baltasar Garzón para enjuiciar a exmilitares argentinos. En la actualidad, es la única investigación judicial que se instruye en el mundo por los crímenes franquistas, más allá de las denuncias realizadas en 2013 por robo de bebés.

Iniciada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 1, la causa 4591/2010 -que ya suma 48 cuerpos- investiga la denuncia penal que hicieran dos descendientes de españoles fusilados por el Gobierno español en 1936 y 1937, apenas comenzada la Guerra Civil. De acuerdo con la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra crímenes del franquismo (Ceaqua), ya se han sumado “entre 150 y 200” personas a la querella.

En marzo de 2012, la querella acusó formalmente a Rodolfo Martín Villa, José Utrera Molina, Fernando Suárez González, Rafael Gómez Chaparro Aguado, Jesús Cejas Mohedano, Juan Antonio González Pacheco, José Ignacio Giralte González, Celso Galván Abascal y Jesús Muñecas Aguilar, de haber participado en sesiones de torturas y ordenado diversos fusilamientos.

Tras la declaración de los testigos -algunas postergadas en dos ocasiones por trabas diplomáticas-, fueron imputadas siete personas.

Evasivas. En septiembre de 2013, Servini tramitó cuatro pedidos de detención y extradición contra Giralte González, González Pacheco, Galván Abascal y Muñecas Aguilar. La respuesta de la Justicia española fue esquiva: Giralte González y Galván Abascal habían muerto.

Recién en abril de 2014, la Audiencia Nacional rechazó cualquier solicitud, por considerar que los delitos habían prescripto, en especial por los Pactos de la Moncloa y la Ley de Amnistía de 1977.​ Las autoridades se pronunciaron en favor de González Pacheco, conocido en las esferas franquistas como Billy El Niño, mismo apodo que utilizaba en las sesiones de tortura. Para los jueces del máximo tribunal penal español los "14 delitos de tortura cometidos entre febrero de 1971 y septiembre de 1975 estarían prescritos a los diez años”, según la legislación española.

En cuanto a Muñecas Aguilar, la Justicia utilizó el mismo argumento, además de considerar “la nacionalidad (española) del reclamado, carente de vínculo alguno con Argentina”.

Ambos fueron citados a declarar por el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz. Según explicó el abogado de la querella en Argentina, Máximo Castex, ambos se presentaron ante el tribunal, que libró “medidas cautelares, como el retiro del pasaporte, la obligación de concurrencia al juzgado y la prohibición para salir del país”.​

Pocos días antes, el abogado Carlos Slepoy, representante de la querella en España, amplió la cantidad de acusados y sumó a cinco exministros (Antonio Carro Martínez, Licinio de la Fuente de la Fuente, Antonio Barrera de Irimo, José María Sánchez-Ventura Pascual, Alfonso Osorio García), dos exjueces (Carlos Rey González y Antonio Troncoso de Castro) y ocho expolicías (Jesús Quintana Saracíbar, Jesús González Reglero, Ricardo Algar Barrón, Félix Criado Sanz, Pascual Honrado de la Fuente, Jesús Martínez Torres, Benjamín Solsona Cortés y Atilano del Valle Oter).

Además, todavía está pendiente un exhorto a la Justicia española solicitando una excavación en el cementerio de Guadalajara, para comprobar vía extracción de muestras de ADN de los restos, si allí está inhumado clandestinamente Timoteo Mendieta Alcalá, otra de las víctimas del franquismo.​

Expectativas. El camino a seguir es todavía confuso y las instituciones españolas han dado escasas muestras de colaboración para acompañar el proceso.

Además, algunos de los últimos acusados son personalidades aún vigentes en la política nacional. Utrera Molina es suegro del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. Rey González es el abogado de la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, víctima de un supuesto espionaje político en el caso “Método 3”. Mientras tanto, hasta enero de este año, González Reglero integraba el Cuerpo Nacional de Policía. El último de los hombres de Billy que permanecía activo se retiró de la fuerza con honores.

“No se puede estar sujeto a la voluntad de España”, apuntó Castex. “Es sabida la posición del Gobierno español y las autoridades. Las extradiciones son un ejemplo para sopesar cómo es tratada esta causa”, sostuvo.

Si bien el rechazo no cayó bien en el juzgado argentino, la perspectiva es relativamente positiva. “Aceptaron nuestra jurisdicción. La causa no se puede parar”, sostienen, mientras no descartan nuevos pedidos de detención, en vistas de las últimas presentaciones que la querella hiciera en abril.

 

(*) Editora de Perfil.com

 


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