La corrupción es un mal endémico en América Latina que no distingue ideologías. Gobiernos de distintos colores políticos, desde el eje bolivariano hasta los pro mercado de la Alianza del Pacífico, fueron investigados recientemente por las Justicias de sus países o, en su defecto, denunciados por la prensa. Desde México hasta la Argentina, pasando por Brasil, Venezuela y Chile, el desvío de fondos públicos, el cobro de sobornos y la complicidad estatal con el narcotráfico y otras organizaciones criminales son algunos de los “pecados” de la dirigencia de la región.
Según el último ranking global de Transparencia Internacional, la corrupción está “estancada”, sin registrarse grandes variaciones año tras año. “Más corrupción se ve en aquellos países con institucionalidad débil, como Guatemala, Honduras o Paraguay, mientras que las instituciones democráticas relativamente más sólidas en Chile, Uruguay y Costa Rica los protegen mejor de este problema. Por ello, el país que en años recientes es percibido con mayores niveles de corrupción es Venezuela, donde el control al Poder Ejecutivo es casi inexistente”, afirmó a PERFIL Alejandro Salas, director regional de la ONG con base en Berlín.
Pese a tener una alta visibilidad y ramificaciones en todos los niveles del Estado (nacional, regional y municipal), la corrupción no ocupa el primer puesto en las demandas del electorado de la región. En cambio, la economía y la inseguridad son percibidos como problemas más urgentes durante las campañas presidenciales. Esa jerarquización no salvó a Otto Pérez Molina, el ex presidente de Guatemala que renunció la semana pasada y fue detenido, tras ser acusado de encabezar un esquema de corrupción en las Aduanas, llamado La Línea. Su vicepresidenta, Roxana Baldetti, siguió la misma suerte.
Petrolão. En Brasil, la causa del Lava Jato tiene a la presidenta Dilma Rousseff al borde del impeachment y la destitución. El juez Sergio Moro investiga el desvío de dinero de Petrobras para el pago de sobornos y la financiación ilegal de las campañas, a cambio de la adjudicación de obras públicas de la petrolera estatal a un grupo selecto de constructoras.
Argentina está en el puesto 107 en una lista de 175 países, detrás de Uruguay, Chile, Costa Rica y Brasil. Pese a múltiples denuncias periodísticas, pocas sentencias judiciales condenaron a funcionarios por hechos de corrupción. Durante el kirchnerismo, tan sólo Felisa Miceli y Ricardo Jaime, ex ministra de Economía y secretario de Transporte, fueron sentenciados. Por su parte, María Julia Alsogaray y Enrique Gostanian recibieron condenas por administración fraudulenta y sobornos, crímenes cometidos en la década de 1990.
Todo pasa. Para Salas, es muy difícil saber si hay más corrupción ahora o cuando Carlos Menem, Alberto Fujimori y Fernando Collor de Mello dirigían los destinos de gran parte del continente. Lo que sí puede marcar es que la problemática alcanzó más “visibilidad”. “Como nunca en la historia los periodistas reportan e investigan casos. Los cambios y mejoras legales, como la existencia de leyes de acceso a la información pública, el uso de gobierno electrónico, los sistemas de compras públicas y las fiscalías especializadas anticorrupción, son justamente los que permiten detectar la corrupción que ahora vemos”, sostiene el especialista, quien agrega que “los ciudadanos se dan cuenta que la corrupción esta teniendo un efecto en la calidad de sus vidas y en el futuro de sus hijos”.
México es otro caso paradigmático para Transparencia Internacional. La esposa de Enrique Peña Nieto, Angélica Rivera, fue denunciada por comprar una lujosa mansión a uno de los contratistas preferidos del Estado. Además, la fuga del Chapo Guzmán de una cárcel de máxima seguridad y la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa también desnudaron la complicidad de la dirigencia azteca con el crimen organizado.
En relación con otras regiones, América Latina ocupa la mitad de la tabla del ranking de la corrupción, con los países escandinavos en el podio y Africa y Asia en el fondo del “mapa de la vergûenza”
