La tragedia de la mina de Soma, en la que murieron 284 personas y aún hay 18 trabajadores desaparecidos, no sólo conmovió a las familias de las víctimas, sino a toda Turquía. Miles de personas salieron a las calles a repudiar al premier Recep Tayyip Erdogan por la falta de control del Estado sobre la empresa que explotaba el yacimiento, al tiempo que acusaron al oficialismo por presunta corrupción. El poderoso dirigente islamista del Partido de la Justicia y el Desarrollo vive sus peores horas desde que llegó al poder, increpado en público y con la oposición y los manifestantes clamando por su renuncia.
Aunque nadie prevé que Erdogan sea sometido a juicio político –como le sucedió a Aníbal Ibarra tras la tragedia de Cromañón–, el Ejecutivo turco cometió decenas de torpezas tras la mayor tragedia minera en la historia del país. Una de ellas fue la violenta represión que las autoridades lanzaron para acallar las protestas encabezadas por familiares de los mineros fallecidos. “No es accidente, sino asesinato”, rezaba ayer un cartel exhibido en las calles de Estambul. En una de esas manifestaciones, la turba intentó agredir al primer mandatario, que fue escoltado por sus guardaespaldas hasta un supermercado.
Allí, otro episodio agitó a la opinión pública turca. Según el diario Hurriyet, el primer ministro habría golpeado a una persona que lo cuestionó por la tragedia. “¿Adónde estás yendo, bruto israelí?”, le preguntó el mandatario a Taner Kuruca, el ciudadano que lo enfrentó. Las fotos, sin embargo, sólo muestran al premier enfurecido y rodeado de personas.
Quien sí fue captado por los flashes fue Yusuf Yerkel, asesor de Erdogan. El funcionario pateó salvajemente a un manifestante que estaba en el suelo, retenido por dos policías. Según testigos, le dio tres patadas al hombre, que había tratado de romper el cordón de seguridad alrededor del premier.
En respuesta a la indignación popular, el ministro de Energía, Taner Yildiz, sostuvo ayer que aquellos que sean culpables por negligencia serán castigados. “Si están en falta, no habrá tolerancia, independientemente de que pertenezcan al sector público o privado”, advirtió. El oficialismo solicitó también que el Parlamento investigue el desastre, al tiempo que se defendió de las acusaciones. “Esta mina fue inspeccionada exhaustivamente 11 veces desde 2009”, aseveró Huseyin Celik, brazo derecho de Erdogan.
Antes de las protestas, el primer ministro había crispado los ánimos al sostener que los incidentes en las minas “son algo habitual” y que ese yacimiento era “uno de los más seguros del país”.
El mandatario turco, además, trató de relativizar la catástrofe citando accidentes en otros países, remontándose hasta el siglo XIX para hallar ejemplos más mortíferos y trágicos que el de Soma.
El gobierno también fue criticado por el marco jurídico que regula la actividad minera. Turquía rechazó firmar la Convención para la Seguridad y la Salud en las Minas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), establecida en 1995. El documento, al que Argentina tampoco adhirió, atribuye responsabilidades a los gobiernos y a los dueños de las minas por la seguridad y salud de los trabajadores.
El propietario de la mina accidentada, Alp Gurkan, declaró ayer que gastó dinero de su propio bolsillo para mejorar las condiciones laborales del yacimiento. “Estoy profundamente dolorido”, dijo en conferencia de prensa.
Segundos después, el polémico empresario se expresó a favor de proseguir con la explotación luego que los investigadores concluyan su labor. Más de 300 muertos –la cifra final que podría deparar la explosión, según las autoridades– parecen no haber frenado sus ansias por el lucro y los negocios.
