Como en 2013, cuando las protestas contra la organización del Mundial de Fútbol pusieron contra las cuerdas a Dilma Rousseff, otro megaevento deportivo amenaza ahora con transformarse en un riesgo político para el gobierno de Brasil. El presidente interino Michel Temer enfrentará en las próximas semanas una prueba de fuego para su gestión: la celebración de los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro, que tendrán lugar unos días antes de que se vote en el Parlamento la destitución definitiva de Rousseff.
En un momento de gran fragilidad para el Ejecutivo brasileño –las últimas encuestas indican que sólo el 13% de la población aprueba a Temer–, los Juegos representan un duro desafío tanto para la administración estadual carioca como para el gobierno federal. Los problemas de financiamiento, las carencias en el dispositivo de seguridad pública, el temor a posibles actos terroristas, el fantasma del virus zika y el rechazo de un sector de la ciudadanía que ve al evento como un nido para la corrupción componen un cóctel capaz de inflamar la escena política.
“Estén tranquilos y vengan a Río”, suplicó Temer en un mensaje vía redes sociales dirigido anteayer a turistas y atletas. El mandatario prometió que la competencia “será un momento de pacificación nacional” y aseguró que el gobierno tomó las medidas necesarias para garantizar “la seguridad y la salud”.
Sin embargo, en las últimas semanas, varias noticias alarmantes en torno a la organización de los Juegos pusieron en alerta a las autoridades. A mediados de junio, Río de Janeiro debió declararse en “estado de calamidad pública” para concentrar todos sus esfuerzos financieros en las Olimpíadas y evitar así que corrieran riesgo de suspensión. El propio Temer tuvo que liberar casi tres millones de reales del presupuesto nacional para emparchar el desfinanciamiento carioca.
Casi en simultáneo, la tasa de delincuencia en Río se disparó a niveles inéditos en la última década: según el Instituto de Seguridad Pública, en la primera mitad de este año hubo más de 300 robos por día. El problema de la inseguridad se potencia por la inconformidad de la policía carioca por los bajos salarios y la elevada cifra de agentes muertos en enfrentamientos con narcos. El fantasma de una huelga policial en agosto aparece en el horizonte.
Según publicó ayer el diario O’Globo, los servicios de inteligencia brasileños también están preocupados por posibles actos terroristas, lo que los ha llevado a monitorear a unas cien personas por día con perfil de “lobo solitario”. El miedo al mosquito que transmite el virus zika también está a la orden del día, al punto que algunos atletas decidieron no viajar a Río.
El presidente del Comité Organizador, Carlos Nuzman, llegó a admitir que si la elección de la sede olímpica fuera hoy, “Río no sería escogida”. El difícil panorama se completa con las protestas de ciudadanos que ven al evento como una expresión de la connivencia corrupta entre funcionarios y empresarios. A todo ello se enfrentará Temer desde el 5 de agosto.