Uganda promulgó una controversial ley que criminaliza a la comunidad LGTBQ+ y que prevé duras sanciones por mantener relaciones entre personas del mismo sexo que incluyen la prisión perpetua o la pena de muerte. La normativa es una de las más represivas del mundo y fue criticada por la comunidad internacional y diversos gobiernos occidentales por su impacto en los derechos humanos.
"El Presidente aprobó el proyecto de ley contra la homosexualidad 2023", anunció la oficina del jefe de estado de Uganda, Yoweri Museveni, en un comunicado publicado en Twitter. Luego de una serie de enmiendas, la ley finalmente se aprobó el 21 de marzo en el Parlamento en virtud de la "protección de la cultura nacional y sus valores", según manifestaron los legisladores.
Luego de una serie de modificaciones, la normativa aprobada "no criminaliza" la orientación sexual en sí sino los "actos" relacionados, como las relaciones entre personas del mismo sexo. Fue ampliamente condenada por activistas y oenegés de derechos humanos que llegaron a llamarla la ley de "homofobia patrocinada por el estado". Al repudio se sumó la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que la calificó de ley "draconiana", la Unión Europea y Estados Unidos. Sin embargo, recibió el apoyo de varios países de África Oriental.
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La "Ley Anti-homosexualidad"
Luego de un acalorado debate en el Parlamento de Uganda, la normativa se aprobó en marzo y provocó masivas protestas en Uganda y otros países por considerarla un embate atroz contra los derechos humanos.
Fue el presidente Museveni quien intentó poner paños fríos un mes después al pedirle a los diputados que precisen en el texto que "ser homosexual" en sí no es un crimen pero sí lo es mantener relaciones entre personas del mismo sexo. De esta manera, la enmienda a la ley (que fue promulgada por el Ejecutivo este lunes 29 de mayo) clarificó que no es delito la orientación sexual, pero sí los "actos", que pueden ser castigados con cadena perpetua.
Uno de los artículos más controversiales de a represiva ley es el que refiere a la penalización de la "homosexualidad agravada", definida por aquellos casos de relaciones sexuales entre personas con VIH o aquellas que lo hagan con menores o personas "vulnerables".
Para la nueva legislación, se trata de un delito que prevé entre 14 años de prisión y la pena de muerte. Si bien Museveni aconsejó a los legisladores eliminar este artículo mediante la enmienda finalmente los legisladores decidieron mantenerlo. En este sentido, un sospechoso condenado por "intento de homosexualidad agravada" puede ser encarcelado hasta por 14 años, según la legislación.
La homosexualidad está penalizada en Uganda desde las leyes que rigieron durante la colonización británica, pero desde la independencia en 1962 nunca ha habido una condena por actos sexuales con consentimiento entre personas del mismo sexo. La legislación cuenta con un amplio apoyo de la opinión pública en el país, mayoritariamente cristiano, donde la población es muy religiosa y la comunidad LGBT sufre mucha discriminación. El debate de la ley en el Parlamento estuvo marcado por el uso de insultos homofóbicos.
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"Defender la cultura"
La presidenta del Parlamento, Anita Among, celebró la promulgación de la ley alegando motivos religiosos y culturales. "Como Parlamento de Uganda, tomamos en cuenta las preocupaciones de nuestro pueblo y legislamos para proteger el carácter sagrado de la familia (...) Nos mantuvimos firmes para defender la cultura, los valores y las aspiraciones de nuestro pueblo", afirmó.
La ola de protestas en contra de la promulgación de la ley fueron silenciadas por el régimen de Museveni que gobierna desde 1986, por lo que los focos se mantuvieron en otras ciudades africanas. Además, a nivel internacional el proyecto de ley provocó indignación generalizada, también porque establece que las organizaciones acusadas de "alentar las relaciones entre personas del mismo sexo" pueden ser prohibidas en territorio ugandés por hasta una década.
La condena internacional
El primero en reaccionar fue el Alto Comisionado de la ONU, que expresó su "consternación" por la promulgación de esta legislación "draconiana", afirmando que "es contraria a la Constitución y los tratados internacionales" y abre vías para que haya "violaciones sistemáticas de los derechos de las personas LGBT".
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, exigió su derogación al tratarla de "trágica violación" de los derechos humanos. Para presionar, Biden pidió analizar "los compromisos de Estados Unidos con Uganda en todos sus aspectos", como las inversiones y otras ayudas, según un comunicado de la Casa Blanca.
Por su lado, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, quien tachó la ley de "deplorable", dijo que si el ejecutivo ugandés no protege a sus ciudadanos "pondrá en juego las relaciones con sus socios internacionales".
Del lado de las oenegés de derechos humanos, Amnistía Internacional indicó que la ley es "profundamente represiva" mientras que el país dio "un paso en la dirección equivocada", según manifestó la directora adjunta para África de Human Rights Watch, Ashwanee Budoo-Scholtz. Por su parte, oenegé local Human Rights Awareness and Promotion Forum (HRAPF) anunció que remitió esta ley "abiertamente inconstitucional" al Tribunal Superior de Uganda.
cd / ds
