Este no es un buen año para el presidente boliviano. En febrero perdió el referéndum convocado para decidir si podía volver a presentarse a las elecciones, en junio sufrió una caída en una cancha de fútbol sala que lo dejó con una rodilla malograda y ahora reavivó la furia minera, que desembocó en el asesinato de su viceministro Rodolfo Illanes.
Illanes murió a manos de los mineros cooperativistas, el grupo de tendencias violentas que proyectó al entonces dirigente cocalero Evo Morales hasta la presidencia de Bolivia.
Los miles de mineros movilizados producen zinc, estaño, plata, concentrados de plomo y oro en cooperativas que ellos mismos administran. Suman más de 100 mil en todo el país y son muy influyentes por su gran poder de movilización y generación de empleo.
Estrechos aliados hasta ahora del gobierno, jugaron un papel clave en la llegada de Morales al poder, al haber impulsado la caída del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada en octubre de 2003. Luego creció su poder cuando, en 2005, impidieron en Sucre una sucesión presidencial a favor de Hormando Vaca Díez tras la dimisión de Carlos Mesa.
Mientras duró el auge de los precios, fueron aliados del presidente Morales y lograron escaños en el Poder Legislativo, dominado por el gobernante Movimiento al Socialismo.
Uno de ellos fue ministro de Minería y Metalurgia y otros fueron elegidos parlamentarios y alcaldes.
La mayoría de los influyentes dirigentes mineros consiguieron financiamiento estatal para sus cooperativas. El Fondo Minero les otorgó 15 millones de dólares y Evo les entregó maquinaria y áreas de trabajo.
Pero la negativa del gobierno a permitir que se asociaran con capitales privados y la obligación de admitir a los sindicatos los pusieron en pie de guerra.
“Estamos frente a la crisis del Estado corporativo, de los gremios y de los movimientos sociales”, advirtió el analista Carlos Hugo Molina