El gobierno español anunció que seguirá adelante "para restaurar la legalidad" en Cataluña, no dando por buena la respuesta del presidente catalán Carles Puigdemont a su requerimiento de si declaró o no la independencia. A través de un comunicado, el Palacio de la Moncloa confirmó que va a intervenir la comunidad autónoma al aplicar el artículo 155 de la Constitución.
Hoy vencía el plazo definitivo para que Puigdemont aclarara al gobierno de Mariano Rajoy si declaró la independencia en una confusa sesión en el Parlamento catalán que acaparó la atención mundial. En su respuesta, Puigdemont afirmó que "si el Gobierno del Estado persiste en impedir el diálogo y continúa la represión, el Parlament de Cataluña podrá proceder, si lo estima oportuno, a votar la declaración formal de independencia que no votó el día 10".
Rajoy no se dio por satisfecho y convocó para el sábado un consejo de ministros extraordinario para avanzar en los trámites para intervenir en la administración catalana. Como el jefe de Estado viaja este jueves a Bruselas para participar en una cumbre europea, la primera reunión del conjunto del gobierno no será hasta el principio del fin de semana.
El gobierno de España afirmó que ante "la negativa del presidente de la Generalitat de Cataluña a atender el requerimiento" deberá continuar "con los trámites previstos en el artículo 155 de la Constitución para restaurar la legalidad en el autogobierno de Cataluña".
Ese artículo permite al gobierno central ejercer las competencias de una autonomía en caso de que esta incumpla la ley. Asimismo, podría dar lugar a que asuma la dirección y gestión de Cataluña, la destitución de dirigentes y la toma de control de su policía, los "Mossos d'Esquadra".
El artículo 155 dice que el gobierno central "podrá adoptar las medidas necesarias" para forzar a una comunidad autónoma "al cumplimiento forzoso" de sus obligaciones. Requiere una adopción en el Consejo de Ministros y la subsiguiente aprobación del Senado, un trámite que podría alargarse varios días.
"El Gobierno pondrá todos los medios a su alcance para restaurar cuanto antes la legalidad y el orden constitucional, recuperar la convivencia pacífica entre ciudadanos y frenar el deterioro económico" causados por el desafío independentista, consignó el comunicado.
No hay de momento respuesta del gobierno catalán al anuncio de Madrid, pero diputados de la coalición Junts pel Sí, del presidente Puigdemont, y de la CUP, que conforman el frente independentista en el Parlamento catalán, estaban reunidos para decidir los próximos pasos en esta crisis.
La mayoría independentista del Parlamento catalán se comprometió a proclamar la secesión si ésta se imponía en el referéndum del 1 de octubre, declarado inconstitucional. Se obtuvo un 90% de los votos a favor de la separación pero con una participación inferior a la mitad del censo. El 10 de octubre Puigdemont declaró que asumía el "mandato" de que Cataluña sea una "República independiente", pero pidió suspender los efectos de la secesión para propiciar un diálogo. Fue ese discurso por el que el Gobierno español le pedía explicaciones.
En un primer plazo, que concluyó el lunes, Puigdemont se limitó a ofrecer diálogo, un guante lanzado e ignorado por el gobierno central, que insiste en que la declaración rompería la legalidad española. "No se puede dialogar con quienes están fuera de la ley y de la Constitución", dijo el mandatario español en el Congreso.
