Según Amnistía Internacional (AI), en Venezuela las desapariciones forzadas se consolidaron como una herramienta sistemática de represión estatal, una práctica que se agravó después de las elecciones presidenciales de 2024. Así lo denunció en su nuevo informe sobre la situación de los derechos humanos en el país caribeño, donde además hizo un llamamiento a la Corte Penal Interlacional, con sede en La Haya, para que investigue al gobierno de Nicolás Maduro por violaciones a los derechos humanos.
Titulado Detenciones sin rastro: El crimen de desaparición forzada en Venezuela, el informe advirtió que el gobierno de Nicolás Maduro cometió crímenes de lesa humanidad al utilizar esta práctica como parte de un ataque generalizado contra la población, en especial contra personas identificadas como opositores políticos.
El documento analizó 15 casos de desapariciones forzadas ocurridas entre el 28 de julio de 2024 —fecha de las elecciones presidenciales— y el 15 de junio de 2025. De ese total, once personas permanecen desaparecidas, entre ellas ciudadanos venezolanos, estadounidenses, españoles, ucranianos, colombianos y uruguayos.
"La violencia de las autoridades venezolanas se perpetuó con una crueldad sin límites", señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina. "La desaparición forzada implica no tener información alguna sobre el destino de una persona, ni siquiera saber si sigue con vida, lo cual genera un daño irreparable tanto para ella como para sus seres queridos. Ante esta realidad, el mundo no puede permanecer indiferente", sostuvo.
AI denunció crímenes de lesa humanidad en Venezuela
Según el derecho internacional, la desaparición forzada ocurre cuando agentes estatales —o personas que actúan con el consentimiento del Estado— detienen a alguien y luego niegan su detención u ocultan su paradero. Amnistía concluyó que estas condiciones se cumplieron en los casos documentados, y que la desaparición se integró como una práctica sostenida en la estrategia represiva del régimen.
El informe ubicó el inicio de esta nueva ola de represión tras los comicios de 2024, cuyo resultado fue ampliamente cuestionado. En ese contexto, el gobierno de Maduro reprimió duramente las expresiones de protesta: al menos 25 personas murieron, más de 2.200 fueron privadas de libertad de forma arbitraria y decenas sufrieron desapariciones forzadas.
Los organismos señalados como responsables incluyeron a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). En los 15 casos investigados, las víctimas fueron detenidas por militar en la oposición, participar en manifestaciones, ser periodistas críticos o activistas de derechos humanos.
Uno de los ejemplos más impactantes fue el del periodista Rory Branker, editor del portal La Patilla, detenido el 20 de febrero por el SEBIN y cuyo paradero se desconoce hasta hoy. Según AI, su arresto tuvo como objetivo castigar al medio por su línea crítica hacia el chavismo.
De las 15 personas analizadas, once continúan desaparecidas: Andrés Martínez, Damián Rojas, Danner Barajas, Dennis Lepaje, Eudi Andrade, Fabián Buglione, Jorgen Guanares, José María Basoa, Lucas Hunter, Rory Branker y Yevhenii Trush.
En cuatro casos se confirmó el paradero tras varios días o meses de desaparición: Alfredo Díaz (cuatro días), Eduardo Torres (ocho días), Rosa Chirinos y Raymar Pérez (cuatro meses). Sin embargo, sus detenciones también violaron garantías legales básicas. La ONG Foro Penal estimó que, al cierre del informe, al menos 46 personas seguían desaparecidas forzadamente.
Por otro lado, AI también hizo hincapié en las familias de las personas detenidas, quienes recorrieron oficinas públicas, fiscalías y centros de reclusión en busca de información, sin éxito. Incluso cuando las autoridades reconocieron algunas detenciones, se negaron a brindar detalles sobre el estado o la ubicación de los capturados.
En todos los casos analizados, se violaron garantías procesales básicas. En algunos, AI detectó indicios de tortura o malos tratos destinados a forzar confesiones o fabricar testimonios. El aparato judicial, lejos de actuar como contrapeso, sirvió para dar apariencia de legalidad a procedimientos arbitrarios.
Detención de extranjeros como moneda de negociación
La represión también afectó a ciudadanos extranjeros. Tras las elecciones, el gobierno venezolano anunció la detención de más de 150 "mercenarios". Amnistía sostuvo que estas detenciones tuvieron fines propagandísticos y buscó usarlas como herramienta de negociación internacional.
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Entre los casos documentados se destacó el del joven ucraniano Yevhenii Trush, detenido mientras pedía refugio en la frontera con Colombia, y los españoles Andrés Martínez y José María Basoa, acusados sin pruebas de espionaje. Los tres permanecen desaparecidos.
En un caso que generó fuerte preocupación en Argentina, el cabo primero Nahuel Agustín Gallo, de la Gendarmería Nacional, fue detenido el 8 de diciembre de 2024 cuando ingresó desde Colombia para visitar a su familia. Permanece detenido en El Rodeo I, sin imputación ni defensa legal. Su caso fue denunciado por el gobierno argentino ante la Corte Penal Internacional (CPI) y señalado como crimen de lesa humanidad por la OEA.
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El informe de AI
Para cerrar, Amnistía recordó que ya en 2019 concluyó que en Venezuela existía un ataque generalizado y sistemático contra la población civil. En esa oportunidad, la organización denunció detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y uso excesivo de la fuerza como parte de una política estatal de represión. Luego incorporó la persecución y ahora suma las desapariciones forzadas como nuevo crimen documentado.
El informe actual indicó que estas prácticas constituyen crímenes de lesa humanidad, según el Estatuto de Roma de la CPI. La organización pidió a la fiscalía de La Haya que avance decididamente en su investigación, e incluya la desaparición forzada como uno de los crímenes bajo análisis.
“La desaparición forzada no prescribe. Es un crimen imprescriptible de derecho internacional, y cada día que pasa sin justicia, las heridas siguen abiertas”, advirtió Amnistía.
CD / Gi
