Desde Ginebra, Suiza — Mediante una resolución adoptada sin votación, los 47 Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, renovaron en Ginebra el mandato de sus expertos en Ucrania, establecido en 2014. Apoyaron la decisión los países de la Unión Europea, Gran Bretaña, Japón, Nueva Zelandia, y Suiza. De América Latina y el Caribe, solo adhirieron Costa Rica y Guatemala. Estados Unidos abandonó este Consejo, durante el presente mandato de Donald Trump. (1)
El gobierno de Ucrania coopera con esta misión desde el inicio de sus actividades, para «evaluar correctamente la situación de los derechos humanos en el país y las necesidades de asistencia técnica en la esfera de los derechos humanos». Actúa bajo control del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, quien vigila «el respeto del gobierno de Ucrania de proteger, y hacer efectivos los derechos humanos de todas las personas bajo su jurisdicción».
La misión interactúa «con otros mecanismos internacionales y regionales de derechos humanos pertinentes», como la Corte Penal Internacional (CPI) y la Corte Internacional de Justicia de la ONU, e identifica «las necesidades de asistencia técnica» de Ucrania en la esfera de los derechos humanos». Presenta informes periódicos, «entre otros temas sobre los problemas de derechos humanos más graves existentes en Ucrania y sus causas profundas», y coopera «con los órganos en virtud de tratados y con las instituciones internacionales de derechos humanos».
Los expertos de la ONU en Ucrania, actúan bajo secreto profesional, facultados para contribuir a esclarecer «el número exacto y el paradero de los niños ucranianos» secuestrados y luego trasladados a la Federación de Rusia, principalmente en 2022», que serían unos 15.000. Moscú «no ha proporcionado información detallada sobre los niños afectados a la Agencia Central de Búsquedas, dependiente del Comité Internacional de la Cruz Roja», en Ginebra, y todavía «no se ha podido llevar a cabo una labor sistemática para localizarlos y devolverlos».
Por de prisa, el Alto Comisionado «ha reunido información adicional con la que documentar casos anteriores de detención y traslado a Moscú de sacerdotes, toma de iglesias y presiones a las autoridades de ocupación rusa para que las comunidades católicas volvieran a inscribirse con arreglo a la legislación rusa». Un sacerdote católico griego entrevistado, tras ser liberado a raíz de un intercambio de prisioneros, «denunció haber sido torturado en 2 centros de detención rusos».
A su vez, «el Tribunal Provincial de Zaporizhzhia, establecido por las autoridades rusas de ocupación condenó a un sacerdote de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana a 14 años de prisión por espionaje». El prelado «había sido destituido de su cargo en la iglesia» luego de «negarse a rezar por el Patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa y criticar a los sacerdotes que cooperaban con las fuerzas de ocupación de Moscú. Fue detenido cuando intentaba abandonar los territorios de Ucrania ocupados temporalmente y juzgado en procedimientos secretos».
Rusia «continuó aplicando la prohibición general a todas las congregaciones de los Testigos de Jehová». La ONU «documentó 2 enjuiciamientos de esta congregación en Crimea (un hombre y una mujer)». Fueron acusados de «actividades extremistas» por celebrar reuniones de culto o participar en ellas. El 3 de octubre de 2024, el Tribunal Supremo de Crimea sustituyó la condena de 6 años de prisión impuesta a 2 Testigos de Jehová de Krasnohvardiiske por una condena de 6 años, en Rusia. Ambos habían sido acusados de pertenecer a una «organización extremista».
Ese mismo tribunal «retiró a Alushta, comunidad religiosa musulmana independiente, del registro de organizaciones religiosas de Rusia a petición del Ministerio de Justicia», imputándole haber difundido material extremista. A consecuencia de «un registro de sus instalaciones, se impuso una multa de 100.000 rublos (879 dólares) por posesión de libros religiosos extremistas», prosiguiendo las restricciones «a la libertad de religión y creencias» en los territorios ocupados.
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Los expertos mandatados por el Alto Comisionado constaron que «en los territorios ocupados por Rusia en Ucrania era casi imposible encontrar representación legal independiente y competente. Los abogados se han negado a aceptar casos de personas sospechosas de criticar la ocupación de Rusia o de ayudar a las fuerzas ucranianas por temor a convertirse ellos mismos en blanco de presiones, intimidación, acoso y represalias».
Paralelamente, «los abogados rusos con sede en Rusia se han negado a aceptar casos de los territorios ocupados, temiendo por su seguridad o, por el contrario, para no dar la impresión de que aprueban la ocupación de territorios ucranianos por parte de Rusia. La intimidación a abogados por el ejercicio legítimo de su actividad profesional no solo socava la integridad de la profesión jurídica, sino también el derecho a un juicio imparcial». (2)
(1) Cooperación con Ucrania y asistencia a este país en la esfera de los derechos humanos, ONU, 30 de junio de 2025.
(2) Situación de los derechos humanos en los territorios de Ucrania ocupados temporalmente, incluidas la República Autónoma de Crimea y la ciudad de Sebastopol, Informe del Secretario General, ONU, 28 de mayo de 2025.
